El ex subdirector de Contabilidad del Enacom cobró una indemnización de 110 millones de pesos tras acordar su desvinculación y, de manera inmediata, asumió un cargo gerencial en el INTA. La polémica maniobra genera malestar en la administración pública en pleno ajuste estatal.
En medio de la política de recortes e inspección del gasto público, una escandalosa maniobra administrativa sacudió los pasillos de los organismos estatales. El exfuncionario Daniel Alfredo Neira percibió un resarcimiento de 110 millones de pesos tras concretar su salida acordada del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), para ser dado de alta formalmente al día siguiente en la nómina del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en una posición de jerarquía.
Cifra millonaria: El cobro total incluyó 73 millones de pesos por antigüedad, 24 millones por vacaciones no gozadas y 9 millones por preaviso.
Secuencia exprés: Se desvinculó del ente regulador el 31 de julio y el 1° de agosto ya estaba nombrado en la órbita de Agricultura.
Sospechas internas: La rápida reubicación despertó fuertes cuestionamientos sobre los controles del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Daniel Alfredo Neira se desempeñaba desde 2012 en las oficinas del organismo regulador de las telecomunicaciones, donde ocupaba el puesto de subdirector de Contabilidad y Finanzas. Con el avance de los programas de racionalización de personal y retiros voluntarios implementados por la conducción del organismo, el exfuncionario tramitó su salida del Enacom asegurándose la liquidación del beneficio económico indemnizatorio.
Lo llamativo del procedimiento radica en la superposición de fechas, dado que las gestiones para su contratación en la nueva dependencia comenzaron el 1° de julio, casi un mes antes de que se oficializara su cesantía del ente estatal. El 28 de julio se le autorizó la cobranza de los 110 millones de pesos, cerrando su vínculo el 31 de julio para incorporarse al INTA de manera automática el primer día de agosto.
Especialistas en derecho administrativo coinciden en la irregularidad de la maniobra, señalando que ante el traslado hacia otra dependencia de la misma administración pública nacional corresponde la renuncia previa sin compensación, en lugar de una indemnización por despido o retiro. La jugada vulneró la lógica habitual de los traspasos en el sector público, generando duras críticas dentro de la propia estructura gubernamental.
El caso destapó una fuerte polvareda interna dentro del Gobierno, donde funcionarios con años de carrera en la gestión expresaron su indignación ante lo que consideran un privilegio injustificado. Desde distintos sectores oficiales reconocieron que el expediente debió ser frenado por los filtros de la secretaría de Función Pública, admitiendo que la transacción omitió los controles de revisión previstos para el achique del Estado.
El INTA depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, área donde Neira desembarcó para asumir tareas operativas de perfil gerencial. La continuidad dentro de la nómina del Estado de un funcionario recién indemnizado por la misma administración puso en evidencia grietas en el sistema de control de contratación de personal.
Mientras se evalúan los pasos administrativos a seguir, la revelación del cobro millonario reabrió la discusión sobre el control sobre las indemnizaciones en el ámbito público y los criterios de recontratación. La maniobra dejó al descubierto la persistencia de mecanismos opacos que contradicen el discurso de austeridad en la gestión de los recursos públicos.
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