La senadora del PRO expuso la interna oficialista tras confirmar que no fue alertada sobre las modificaciones. Advirtió que ocultar información daña los vínculos políticos y complica el debate legislativo para el próximo año.
La senadora del PRO expuso la interna oficialista tras confirmar que no fue alertada sobre las modificaciones. Advirtió que ocultar información daña los vínculos políticos y complica el debate legislativo para el próximo año.
La presidenta del partido aliado admitió su total desconocimiento sobre las modificaciones que el Ejecutivo introdujo para el próximo período. A pesar de integrar la mesa política, lamentó enterarse de la letra chica con el documento ya ingresado al Congreso.
📌 El dato clave: El proyecto deroga pilares de la ley 24.901 (vigente desde 1997), eliminando los aranceles universales obligatorios y forzando a cada familia a negociar el costo de las terapias con sus prestadores.
Durante una entrevista radial, expuso las fallas en la coordinación de la coalición gobernante en la antesala de un año electoral. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora al referirse al sorpresivo contenido de los artículos oficiales.
La falta de aviso previo generó gran incomodidad entre los representantes que defienden los proyectos del oficialismo en el recinto. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, señaló la funcionaria sobre la delicada posición en la que quedaron sus bloques.
Como el Senado funciona en rol de cámara revisora, los integrantes de la cámara alta deberán aguardar el texto final que provenga de Diputados. La dirigente reconoció que ya existía un acuerdo de tratamiento con la oposición, el cual ahora queda en duda tras la aparición de estas cláusulas.
Las respuestas de los distintos sectores no se hicieron esperar al conocerse los detalles de los artículos 36 al 41 del proyecto. Desde Unión por la Patria denunciaron la medida como ilegal e inconstitucional, acusando un intento directo de desmantelar la Ley de Emergencia actual.
El articulado del nuevo presupuesto modifica de forma permanente las bases del sistema de atención integral para los pacientes. La reforma central apunta a desregular el Nomenclador de Prestaciones Básicas, suprimiendo los valores de referencia fijos para el Estado y las prepagas.
Al eliminarse los aranceles universales, el esquema de actualización dejará de ser automático y atado al índice de movilidad jubilatoria. Desde la Coalición Cívica advirtieron que esto reemplaza una regla objetiva por un escenario incierto, donde el Gobierno fijará los montos discrecionalmente cada tres meses.
La iniciativa también reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral sumando nuevas restricciones operativas para los beneficiarios. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía de acceso directo, perdiendo además su compatibilidad para quienes tengan empleo registrado o sean monotributistas.
El Ministerio de Defensa ordenó activar los consejos disciplinarios contra diez efectivos salpicados por maniobras irregulares en liquidaciones salariales. La causa penal analiza transferencias indebidas concretadas a cuentas bancarias entre 2022 y 2026.
El proyecto oficial destina 7,3 billones de pesos frente a los 11 billones reclamados por los rectores. La brecha económica frena la Ley de Financiamiento y pone en riesgo el inicio del próximo ciclo lectivo.
Un joven denunció penalmente a un chofer que se apoderó de un calzado de $400.000 en Buenos Aires. El conductor no registró la recepción en el sistema, suspendió el traslado y la empresa solo reembolsó la tarifa del traslado.
La senadora del PRO expuso la interna oficialista tras confirmar que no fue alertada sobre las modificaciones. Advirtió que ocultar información daña los vínculos políticos y complica el debate legislativo para el próximo año.
Con el 51,8% de los votos finales, la jugadora conquistó la edición Generación Dorada tras 174 días de encierro. Un recorrido marcado por la transformación estética, la maternidad y un premio histórico de $70 millones.
Detrás de la discusión parlamentaria por la eliminación de las PASO se esconde una arriesgada maniobra política. Un grupo de gobernadores dialoguistas negocia gobernabilidad con el oficialismo a cambio de paz en sus territorios, mientras evalúa utilizar la herramienta electoral para disputar la Presidencia en 2027.
El presidente Javier Milei envió al Parlamento un proyecto para penalizar a las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas sin autorización. La iniciativa también incluye modificaciones en Defensa, Código Penal y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El ex subdirector de Contabilidad del Enacom cobró una indemnización de 110 millones de pesos tras acordar su desvinculación y, de manera inmediata, asumió un cargo gerencial en el INTA. La polémica maniobra genera malestar en la administración pública en pleno ajuste estatal.
