El desarrollo exponencial de Vaca Muerta expuso, de manera brutal, la precariedad de la infraestructura que la rodea. Las rutas que conectan la cuenca neuquina con el resto del país se convirtieron en un laberinto intransitable y peligroso. Frente a la retirada del Estado Nacional de la gestión de la obra pública, la provincia de Río Negro tomó el toro por las astas: acordó con el gobierno de Javier Milei el traspaso de la jurisdicción de las rutas nacionales 22 y 151 por los próximos 20 años.
Con el control de las trazas asegurado, la gestión provincial diseñó un plan de acción urgente que busca evitar el colapso logístico del mega yacimiento petrolero y, al mismo tiempo, poner un freno a los altos niveles de accidentología que sufren los vecinos a diario.
Noviembre: el mes clave para el bacheo crítico
El esquema de intervención diseñado por Río Negro se estructura en fases muy marcadas. La primera, de carácter apremiante, comenzará a ejecutarse el próximo mes de noviembre, una vez que la Legislatura provincial apruebe formalmente el convenio de traspaso.
El foco principal de estos primeros trabajos estará puesto en el corredor de la Ruta 151, específicamente a la altura de Catriel. Se trata de un tramo de 150 kilómetros considerado vital para la industria, ya que es la principal vía de acceso para el transporte de arena proveniente de Entre Ríos, un insumo indispensable para el proceso de fractura hidráulica (fracking) en Vaca Muerta. Actualmente, este sector presenta un nivel de deterioro que pone en riesgo toda la cadena logística.
¿De dónde sale la plata? El esquema de financiamiento
A diferencia de la provincia de Neuquén, que ha optado por solicitar a las operadoras el pago anticipado de regalías, Río Negro apeló a un combo financiero para afrontar los costos.
La fase de urgencia, enfocada en los arreglos paliativos, se financiará con fondos mixtos. Por un lado, la provincia utilizará un desembolso inicial de 10.000 millones de pesos provenientes del bono que otorgará la empresa Oldelval en el marco del proyecto “Duplicar Norte”. Este capital fresco se complementará con un crédito internacional por 60 millones de dólares, gestionado a través de Fonplata, que le dará respiro a las arcas provinciales.
Una vez superada la emergencia vial, la segunda etapa se activará en el primer trimestre del próximo año. El objetivo será reactivar y finalizar las emblemáticas “obras abandonadas” por Nación a lo largo de la Ruta 22, entre las que destacan la rotonda de Chichinales, el puente ferroviario y el conflictivo Puente 83 en la ciudad de Cipolletti.
Peajes y concesiones para el tránsito pesado
El plan estratégico del gobierno rionegrino no termina en el asfalto nuevo. Para garantizar el mantenimiento y la sustentabilidad a largo plazo, la provincia prevé implementar hacia 2027/2028 un sistema vial integrado mediante el modelo de concesiones.
La premisa oficial es clara: el peso económico del mantenimiento no puede recaer sobre el Estado, sino sobre la industria y el tránsito pesado que destrozan las rutas. Por ello, se instalarán sistemas de cobro de peaje para que las propias empresas concesionarias asuman la gestión, reparación y operación de los corredores viales, especialmente en el tramo comprendido entre Cervantes y el río Neuquén.
El “bono de impacto” y el salto de las pymes locales
El salvataje de las rutas es solo una cara de la moneda en la reconfiguración económica que plantea Río Negro. La provincia busca capitalizar su posición estratégica como epicentro exportador y ya avanza en la implementación de “bonos de infraestructura” para todos los megaproyectos que utilicen su territorio.
Aquel bono de US$ 1.000 millones a 13 años acordado con el consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) sentó un precedente. Ahora, la provincia planea aplicar esquemas similares para el proyecto Argentina LNG, la iniciativa de Southern Energy (SESA) y el plan de Transportadora de Gas del Sur (TGS). El objetivo de estos aportes extraordinarios es mitigar el impacto socioambiental y urbano que generará la instalación del polo energético en la costa atlántica.
En paralelo, se abre una carrera contrarreloj para el sector privado local. Las autoridades rionegrinas mantienen una política estricta de cumplimiento del 80% de mano de obra local. El desafío actual es transformar a pequeñas y medianas empresas —históricamente dedicadas a la fruticultura, ganadería y turismo— en proveedoras calificadas capaces de alcanzar los altísimos estándares de calidad que exige la voraz industria del petróleo y gas.