Presupuesto 2027: recorte histórico en discapacidad, niñez y jubilaciones

El proyecto impulsado por el Gobierno plantea una profunda reestructuración estatal para sostener el equilibrio fiscal. Organizaciones y especialistas advierten sobre el desfinanciamiento de áreas críticas, la desregulación de los aranceles de salud y la eliminación de la actualización automática de las asignaciones sociales.

El proyecto de Presupuesto 2027 ingresado al Congreso Nacional por el gobierno de Javier Milei plantea en la teoría, una reestructuración en el financiamiento de áreas sociales, educativas y científicas. El texto propone la desregulación del sistema de salud, derogando normativas vinculadas a la emergencia en discapacidad y desarmando programas de asistencia destinados a la niñez. En paralelo al debate legislativo sobre el equilibrio fiscal, los datos de ejecución demuestran una caída sostenida en la cobertura de la seguridad social.
 
El informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) enciende las alarmas en muchas áreas con respecto al presupuesto 2027. Sin embargo, son particularmente “Niñez” y “Discapacidad” los dos sectores a los que se les ha dictaminado un peor porvenir
Desregulación arancelaria y riesgo en discapacidad
Mientras el Congreso debate la prórroga por un año de la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo busca avanzar con la desregulación del nomenclador nacional.
Actualmente, la ley estipula que los aranceles de las Prestaciones Básicas de Atención Integral deben ser iguales para todas las obras sociales y prepagas, con actualizaciones periódicas.
 
El nuevo Presupuesto elimina esta obligatoriedad. El texto señala que la universalidad de la atención “no implicará la homogeneidad de aranceles”, delegando en cada ente la potestad de fijar los valores de las prestaciones en el marco de su relación con los profesionales.
El Coordinador del programa Justicia Distributiva, Alejandro Gaggero, analizó el impacto de la medida: “El proyecto elimina la homogeneización en el valor de los aranceles del nomenclador, lo cual genera riesgos en relación a la cobertura de las personas con discapacidad de menores recursos“. A este panorama se suma el desfinanciamiento de la asistencia estatal directa, ya que “el programa Incluir Salud (…) tendría un recorte de casi el 14% respecto al 2026“.
 
Desde la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (Aspredis) señalaron que la iniciativa profundizará la fragmentación del sistema. Carina Leonardi, presidenta de TGD Padres TEA, coincidió mediante una carta abierta: “Ya lo vivimos antes, cuando cada obra social fijaba su propio valor: Iosper, Iosfa, Osecac, cada una con su tarifa, cada una generando una desigualdad que terminaba pagando la familia. No es un ajuste técnico, es un retroceso“.
El regreso al modelo médico y el fin de las pensiones compatibles
El proyecto también reorganiza el esquema de pensiones. El texto reemplaza la “Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social” —asociada al Certificado Único de Discapacidad (CUD)— por una “Pensión No Contributiva por Invalidez laboral”.
 
Presupuesto Discapacidad 2027
Presupuesto Discapacidad 2027
Este cambio normativo implica el retorno a un criterio estrictamente médico y clínico para otorgar el beneficio, alejándose del enfoque social promovido por Naciones Unidas. La modificación deja además un vacío legal sobre la cobertura para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
 
A su vez, el articulado suprime la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal o el monotributo (actualmente permitida hasta dos salarios mínimos). Si el texto se aprueba sin modificaciones, el alta tributaria o el ingreso al mercado laboral extinguirá automáticamente la asistencia del Estado. La incorporación de estos artículos generó fricciones internas: la senadora Patricia Bullrich reconoció no estar al tanto de la medida y admitió su sorpresa por la introducción de cambios que no habían sido discutidos en la mesa política oficialista.
 
La niñez en la mira: fin de la indexación de la AUH
 
En materia de niñez, el Presupuesto 2027 avanza sobre la seguridad social derogando la actualización automática de las asignaciones familiares, una herramienta que protege los ingresos frente a la inflación.
Sobre este punto, Gaggero explicó la dinámica del texto oficial: “El artículo 17 del proyecto propone eliminar la movilidad de la AUH y de las asignaciones familiares (…) lo cual volvería completamente discrecionales los aumentos“. Para dimensionar el riesgo de la discrecionalidad, el especialista recordó un antecedente reciente: “La prestación alimentar, que no tenía actualización automática, pasó 23 meses sin tener aumentos, lo que derivó en una caída muy importante del valor real”. “Estas cifras corresponden a la caída en términos reales experimentada desde 2023”.
Baja en presupuesto de asistencia a víctimas de violencias
Baja en presupuesto de asistencia a víctimas de violencias
Las estadísticas reflejan una merma concreta en la cobertura. Según el Monitor de La Cocina de los Cuidados, los beneficiarios de la AUH y asignaciones familiares bajaron de 9.700.000 en 2023 a 8.400.000 en 2026. Esta reducción del 13% documenta que 1.300.000 menores quedaron excluidos del sistema de seguridad social.
El relevamiento de La Cocina de los Cuidados identificó recortes reales en 48 de los 50 programas sociales analizados. Las áreas de Educación Sexual Integral (ESI) y prevención del embarazo adolescente (ENyA) registran bajas presupuestarias del 90%. El programa de construcción de jardines de infantes sufrió un desfinanciamiento total. Según Lucía Cirmi, referente del espacio, el Gobierno se ampara en la caída de la tasa de natalidad para cerrar instituciones, a pesar de que el 39% de los niños de 3 años aún no tiene acceso a una vacante.
En el plano alimentario, el programa Alimentar Comunidad ejecutó apenas el 38% de su presupuesto anual y proyecta una reducción adicional del 10% para 2027. El Plan de los 1000 Días, diseñado para asistir a mujeres embarazadas y niños hasta los tres años, quedó limitado a un complemento de $55.000, con una baja del 34% en su crédito asignado y el cese de la entrega de kits de lactancia. Por su parte, las becas del Plan Progresar pasaron de 1.886.000 beneficiarios en 2023 a 998.000 en 2026.
El esquema afecta también al sistema previsional. La derogación de la moratoria impide la jubilación de 9 de cada 10 mujeres en el país, consolidando una caída en la cobertura general: pasó del 99% al 96% en mujeres y del 96% al 94% en varones entre diciembre de 2023 y junio de 2025. El poder adquisitivo de la jubilación mínima, incluyendo los bonos, acumula una pérdida del 18,8%.
 
Universidades y Ciencia: la profundización del recorte
 
El ajuste se replica en el sistema universitario y científico. El Consejo Federal Interuniversitario (CIN) solicitó 11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento operativo y la recomposición salarial docente y nodocente en 2027. El proyecto del Ejecutivo asigna 7,3 billones. Según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), la cifra representa un recorte real del 25% frente al presupuesto de 2023.
En el sector de ciencia y tecnología, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) recibirá un 5% menos en términos nominales, lo que equivale a una contracción real superior al 19%. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) proyecta un ajuste real del 25,8%, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE) reportará una caída nominal del 6,6%.
 
El costo del equilibrio fiscal
 
Los datos de la ejecución presupuestaria exponen la injerencia de las políticas públicas en la meta del déficit cero. Gaggero graficó la dimensión del achicamiento estatal señalando “prácticamente la desaparición del presupuesto vinculado a agua potable y alcantarillado, y a las políticas de vivienda, que se redujeron más del 90%. Luego tenemos lo que sucedió con el presupuesto educativo a nivel nacional, que cayó más del 50%“.
Al analizar la consolidación del ajuste, el especialista concluyó: “Casi el 40% de ella se explica por el recorte en servicios sociales“. Proyectando los números consolidados para el próximo período, advirtió: “El año que viene tendríamos un gasto total casi 27% inferior al de 2023 y, si nos focalizamos en las partidas sociales, serían un 16% más bajo“.
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