Freno a “Ley Malvinas”: la UCR se planta contra la persecución a la prensa

El bloque radical advirtió que no votará la iniciativa del oficialismo que penaliza las campañas de “desinformación masiva”. Ante el riesgo de un nuevo revés legislativo, la secretaria de Legal y Técnica desembarca en Diputados para buscar acuerdos.

La tensión política vuelve a escalar en el Congreso. Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) le enviaron un contundente mensaje al oficialismo: no acompañarán el polémico artículo 111 del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —conocida como “Ley Malvinas”— por considerar que representa una amenaza directa contra la libertad de expresión.

“No vamos a votar contra los periodistas”, plantearon tajantes los legisladores de la bancada que lidera la mendocina Pamela Verasay. El rechazo apunta específicamente al fragmento de la norma que incorpora el Artículo 225 bis al Código Penal, estableciendo penas de cinco a 12 años de prisión para quienes manipulen “la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

El proyecto, ideado por el asesor presidencial Santiago Caputo con el objetivo de dotar al gobierno de Javier Milei de una “épica malvinera” que mejore su imagen pública, encendió las alarmas de la oposición. Ante la firme advertencia del radicalismo, Caputo acordó con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el desembarco de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. La funcionaria se reunirá este miércoles en el Congreso con los líderes de los bloques dialoguistas para intentar destrabar la letra chica del proyecto antes de que se abra el debate en comisiones.

Preocupación por la libertad de expresión y los fondos de la SIDE

La redacción del artículo genera profundo recelo. La pena de prisión apuntaría a quienes “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública […] o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje”. Desde la oposición peronista denunciaron que la iniciativa es “un caballo de Troya” para importar conceptos de seguridad interior de Estados Unidos y aplicarlos en Argentina.

Los detractores del proyecto advierten que la definición es peligrosamente amplia y temen que sea utilizada como una herramienta de persecución en un contexto marcado por los constantes ataques del Presidente hacia la prensa, dirigentes políticos y economistas opositores. A esto se suma la inquietud por el incesante aumento de las partidas presupuestarias destinadas a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Un frente abierto por el ajuste en discapacidad

La defensa del proyecto de soberanía se cruza con otra dura batalla interna: el Presupuesto 2027. La tensión entre el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y Martín Menem por los recortes sigue latente. La discusión se trasladó al despacho del diputado del PRO, Diego Santilli, quien intenta desactivar el fuerte ajuste en el área de discapacidad diseñado por el Palacio de Hacienda.

El panorama es complejo para La Libertad Avanza. Si el oficialismo no cede y quita los artículos que profundizan el recorte, corre el riesgo de que los radicales, junto a los bloques de diputados salteños y misioneros, terminen votando un proyecto opositor que prorroga la emergencia en discapacidad. Para evitar ese doble traspié, en la Casa Rosada aseguran que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía estarían cada vez más cerca de sellar un entendimiento con los bloques aliados.

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