“Ley Malvinas”: el Gobierno rechazó dividir el proyecto

Durante un plenario en Diputados, el Gobierno confirmó que no dividirá la Ley de Soberanía sobre Malvinas como pide la oposición. Para destrabar el debate ante los reclamos por facultades extraordinarias, la Casa Rosada ofreció crear una comisión bicameral de control.

María Ibarzábal Murphy expuso junto al diputado Carlos Raúl Zapata. Foto: Diputados.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy. La funcionaria expuso los alcances del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo.

Durante el encuentro conducido por el diputado Carlos Raúl Zapata, la funcionaria fundamentó la urgencia de la norma en el Atlántico Sur. “En la Cuenca Sur y Norte de las Islas Malvinas hay desarrollo de proyectos hidrocarburíferos. Para el desarrollo de estos proyectos, el gobierno isleño otorgó las licencias correspondientes”, sostuvo Ibarzábal Murphy.

La funcionaria alertó sobre el impacto de la iniciativa privada británica en la zona. “Sea Lion es el primer proyecto que intenta pasar a la fase de explotación. Creo que es fundamental volver a reiterar que, de no lograr frenar esto, podrán avanzar con los otros proyectos que vienen detrás”, argumentó ante los legisladores.

El cruce por el articulado

Pese a los reclamos opositores para fraccionar la iniciativa y votar únicamente el tramo referido a Malvinas, la Casa Rosada rechazó esa vía. “Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto. Necesitamos no solo regímenes sancionatorios fuertes, sino también que el Estado tenga las competencias necesarias”, enfatizó Ibarzábal Murphy.

Desde la bancada de Unión por la Patria, el diputado Eduardo Valdés delimitó la postura de su bloque frente al paquete normativo. “Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía”, apuntó el legislador.

En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó la amplitud del proyecto oficialista. “Es un bodoque normativo. Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”, advirtió durante el plenario.

Garantías sobre la libertad de expresión

El debate abarcó el artículo 111, que fija penas de prisión por campañas de desinformación financiadas desde el extranjero. Ante los cuestionamientos sobre posibles limitaciones a la labor periodística, Ibarzábal Murphy respondió: “No criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa. No tiene nada que ver. Si es necesario hacer ajustes para que no queden dudas, se harán”.

Para mitigar los reparos por la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la funcionaria ofreció sumar instancias de control parlamentario. “Estamos estudiando incorporar una comisión bicameral de seguimiento de seguridad nacional que va a poder pedir información y el Ejecutivo tendrá la obligación de mantener esa interlocución fluida”, aseguró la representante presidencial.

Discusión sobre el contexto normativo

La sesión registró pasajes de tensión política entre los jefes de bancada y la funcionaria nacional. El diputado Germán Martínez cuestionó la oportunidad de la norma frente a recientes fallos sobre la Ley de Tierras: “Este debate lo damos en un momento en el que la soberanía está atacada en función de este fallo de la Corte”.

El oficialismo buscará dictaminar la norma en los próximos días sin fraccionar su texto, mientras que los bloques opositores preparan dictámenes de minoría centrados de forma exclusiva en los recursos pesqueros e hidrocarburíferos del Atlántico Sur.

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