Legisladores de Unión por la Patria denunciaron a funcionarios nacionales por irregularidades en la privatización de AySA. Acusan al Gobierno de ocultar las tasaciones oficiales, saltarse controles parlamentarios y adjudicar la empresa por un valor inferior al previsto.
El convulsionado escenario político sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras la jugada de un grupo de legisladores de Unión por la Patria, quienes formalizaron una dura presentación judicial para poner bajo la lupa el proceso de venta de las compañías estatales. La movida opositora apunta directamente contra las máximas autoridades encargadas de coordinar la salida al mercado de las firmas públicas, salpicando al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, junto al responsable del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a los directivos del banco BICE. Según el reporte publicado por el portal especializado Parlamentario.com, la denuncia fue radicada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en el preciso instante en que se abrían los sobres para la concesión de la prestadora de agua y cloacas del conurbano y la capital.
Los representantes del bloque opositor que integran la comisión bicameral encargada de fiscalizar las privatizaciones —entre quienes se encuentran la diputada Florencia Carignano y el senador Jorge Capitanich— advierten que el Poder Ejecutivo montó un circuito normativo a medida para saltarse los controles del Congreso. De acuerdo al planteo presentado ante la justicia, el Gobierno modificó de forma arbitraria los criterios para valuar los activos públicos y tomó la decisión de clasificar como secretas las tasaciones, impidiendo que la ciudadanía y los organismos de control conozcan el verdadero valor de mercado de los bienes patrimoniales que se están transfiriendo a manos privadas.
El detonante principal de la denuncia coincidió con la apertura de ofertas económicas para la privatización de AySA, donde la propuesta financiera más alta alcanzó los 340 millones de dólares, quedando bastante por debajo de las expectativas iniciales trazadas por la cartera de Economía, que apuntaban a cosechar al menos 450 millones. Al haberse diseñado una licitación sin precio base ni piso mínimo de subasta, el consorcio oferente que superó las instancias técnicas quedó a un paso de quedarse con el servicio esencial, abriendo serios interrogantes sobre si el Estado nacional está regalando infraestructura crítica a cambio de un monto sensiblemente menor a su cotización real.
Los legisladores denunciantes remarcaron que resulta inadmisible adjudicar una compañía de semejante magnitud en un contexto repleto de sombras y sin que nadie conozca el dictamen de tasación oficial. En la presentación judicial remarcaron que durante los últimos meses el Poder Ejecutivo fue corriendo deliberadamente al organismo competente para evaluar bienes públicos, argumentando supuestas limitaciones técnicas para medir activos intangibles y bloqueando el acceso a los expedientes requeridos por el Poder Legislativo. Esta falta de acceso a la documentación contable representa, a juicio de la oposición, un atropello abierto a las leyes vigentes que exigen máxima publicidad en las operaciones de remate del patrimonio estatal.
La disputa en torno a la proveedora de agua potable es apenas la punta del iceberg dentro del ambicioso programa del oficialismo para desprenderse del entramado societario público. En la lista de empresas marcadas para pasar a capitales privados figuran gigantes de la energía y la logística nacional como ENARSA, Belgrano Cargas, Intercargo, Trenes Argentinos, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y el yacimiento de YCRT. Frente a esta ola privatizadora, la oposición busca frenar la marcha de los expedientes denunciando que el Ministerio de Economía está omitiendo los reportes obligatorios que la ley exige remitir de forma permanente a la comisión parlamentaria.
Con este frente judicial abierto, la discusión por el remate de los servicios públicos promete escalar en el Congreso y en los tribunales en las próximas semanas. Mientras la administración central apura los plazos para cerrar la transferencia de AySA y avanzar con el resto de las compañías agendadas, la presentación opositora busca dejar asentado que se vendió por debajo del justo valor y sin la transparencia mínima indispensable que demanda la administración de los fondos públicos.
Una locomotora volcó y tres vagones salieron de las vías entre Río Turbio y Punta Loyola. YCRT presentó una denuncia penal y pidió peritajes a la CNRT. El gobernador Vidal pidió investigar “hasta las últimas consecuencias”.
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron sus alegatos ante el TOC 7 de San Isidro y responsabilizaron a Luque, Cosachov y otros cuatro profesionales. No mencionaron al médico clínico Pedro Di Spagna. El veredicto se conocería después del 22 de octubre.
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