La Corte Suprema se reunirá este viernes a las 9 para analizar una cautelar presentada por Árbol de Pie, comunidades indígenas y la legisladora Magdalena Odarda, que podría restituir provisoriamente los límites a la compra de campos por extranjeros derogados por el DNU 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunirá este viernes a las 9 en un Acuerdo Extraordinario para analizar un expediente vinculado con la derogación de la Ley de Tierras. La convocatoria fue dispuesta por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, según confirmaron fuentes judiciales citadas por medios nacionales.
El máximo tribunal deberá tratar un planteo presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron una aclaratoria para determinar si el fallo dictado la semana pasada alcanza también al amparo colectivo que ellos promovieron contra la eliminación de la Ley 26.737.
La controversia se originó después de que la Corte revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023). Esa norma derogó la ley que establecía restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
En aquel fallo, los ministros consideraron que el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM), impulsor de la acción original, no contaba con legitimación activa para cuestionar la medida. La decisión dejó sin efecto la sentencia de primera instancia, aunque no analizó el fondo de la constitucionalidad de la derogación.
Ahora, los nuevos demandantes afirman que su reclamo se apoya en derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y con los territorios ancestrales de los pueblos originarios. Por esa razón, sostienen que su situación difiere de la examinada en el caso del CECIM y que el fallo previo no debería cerrar su presentación.
El expediente incluye un pedido de medida cautelar. Si la Corte la concede, podría suspender de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 y restituir, al menos transitoriamente, las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de campos por extranjeros.
No obstante, el máximo tribunal aún no definió si tratará directamente la cautelar o si devolverá el expediente a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se originaron los planteos. La intervención directa de la Corte sería excepcional y exigiría acreditar urgencia.
Las fuentes judiciales consultadas por los medios indicaron que existen diferencias internas sobre cómo avanzar con el caso. Para adoptar una decisión, el tribunal requiere tres votos; por eso, sumó a dos conjueces sorteados: Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron integrar el tribunal.
La Corte aceleró los tiempos del expediente. Redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes consintieran o recusaran a los conjueces designados y habilitó días y horas inhábiles para tramitar la causa.
En la resolución, el tribunal sostuvo que la medida respondía a “las particulares circunstancias” del caso, sin detallar cuáles fueron. Tras el vencimiento del plazo, Rosatti convocó al acuerdo extraordinario del viernes.
La decisión tendrá implicancias políticas. Tras el fallo que revocó la sentencia favorable al CECIM, sectores opositores impulsaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir el rechazo del DNU 70/2023 en su conjunto. El encuentro está previsto para el jueves 15.
Una eventual cautelar podría modificar el escenario de esa discusión, aunque su alcance dependerá de lo que resuelva la Corte. La derogación de la ley por decreto y la procedencia de las acciones judiciales que la cuestionan son cuestiones relacionadas, pero no idénticas.
La Corte deberá precisar si el amparo colectivo de Árbol de Pie, las comunidades indígenas y Odarda conserva un tratamiento autónomo frente al fallo anterior. En caso afirmativo, deberá definir qué juez competente debe resolver la cautelar o si el propio máximo tribunal intervendrá de forma directa.
El resultado no está predeterminado. La convocatoria habilita una nueva definición sobre la Ley de Tierras, pero no garantiza la restitución de las restricciones derogadas por el Gobierno ni cierra la discusión sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/2023.
La reunión del viernes abrirá una nueva etapa en una controversia que combina derechos ambientales, territoriales, procesales y políticos. La definición de la Corte permitirá saber si el amparo colectivo seguirá su curso y si las restricciones a la venta de tierras a extranjeros podrán volver a regir, aunque sea de forma provisoria.
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