El Gobierno reestructuró la Secretaría General de la Presidencia eliminando una subsecretaría y elevando rangos. Además, la Casa Militar asumió el control integral de la Quinta de Olivos y Chapadmalal, abarcando desde la seguridad hasta la intendencia de las residencias.
En un movimiento estratégico para ajustar los engranajes operativos del Poder Ejecutivo, el Gobierno oficializó una profunda remodelación en la estructura interna de la Secretaría General de la Presidencia. A través del Decreto 1176/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, la gestión nacional dispuso un reordenamiento de áreas clave que impacta de lleno en la administración cotidiana de la Casa Rosada y los complejos oficiales de Olivos y Chapadmalal. La reforma responde formalmente a necesidades de gestión y busca optimizar el uso de los recursos presupuestarios, redistribuyendo tareas que van desde la custodia y el transporte del jefe de Estado hasta la preservación de los bienes con valor histórico y cultural.
Entre los puntos más destacados de la normativa se encuentra la supresión definitiva de la Subsecretaría de Planificación General, una dependencia cuyas responsabilidades fueron absorbidas y repartidas entre otros despachos del Gabinete. Asimismo, la medida consolida el peso político del área jurídica de Balcarce 50: el subsecretario Legal, Juan Manuel Galli, pasa a ostentar rango y jerarquía de secretario, ganando mayor capacidad de decisión en el andamiaje institucional. Según había adelantado el portal Ámbito, esta reestructuración administrativa trajo consigo la decisión de delegar el manejo integral de la Quinta de Olivos en manos de las fuerzas de seguridad, otorgándole un rol central a la Casa Militar en el control de los predios residenciales.
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El traspaso del control operativo de la histórica residencia de Olivos y de la unidad de Chapadmalal a la Casa Militar marca un hito en la logística del entorno presidencial. A partir de la puesta en marcha del nuevo esquema, esta dependencia no solo organizará el despliegue de las fuerzas armadas y federales asignadas a la protección del Presidente —que incluyen al Regimiento de Granaderos a Caballo, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA—, sino que también asumirá el mantenimiento, la intendencia y los protocolos de ingreso a las propiedades del Estado. De esta forma, las cuestiones de higiene, seguridad laboral y logística de las residencias quedarán concentradas bajo un mando único de perfil castrense y policial.
Por su parte, la Unidad Gabinete de Asesores sumó competencias específicas para diseñar y ejecutar programas de conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural que alberga la Secretaría General. Este despacho intervendrá directamente en la elaboración de políticas de restauración y en la agenda cultural de la Casa de Gobierno y del Museo del Bicentenario, actuando en permanente coordinación con la Casa Militar cuando las iniciativas afecten los predios de Olivos o Chapadmalal. Con esta división de tareas, el Gobierno busca separar la gestión cultural e histórica de la administración puramente operativa y de seguridad.
La redistribución de funciones alcanzó además a la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, que a partir de ahora concentrará la planificación de la flota vehicular y los servicios generales requeridos por la Presidencia. Esta oficina tendrá a su cargo la logística de los traslados terrestres del Presidente y de otros funcionarios de alto rango dentro y fuera del país, abarcando los desplazamientos entre la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y la residencia marplatense. También supervisará los aspectos de intendencia, talleres, cocheras y condiciones del medio ambiente laboral en todas las sedes administrativas centrales.
A pesar del profundo rediseño del organigrama, el texto oficial aclaró que las unidades inferiores y sus respectivos equipos de trabajo continuarán funcionando de forma provisoria hasta que se complete definitivamente la transición administrativa. Las autoridades remarcaron que la reorganización no implica la creación de cargos ni un incremento en el gasto público, dado que todos los movimientos se financiarán con las partidas ya asignadas en el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia. De este modo, la Casa Rosada busca imprimirle una impronta de mayor rigor operativo y control directo a la logística diaria del jefe de Estado.
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