Columna de opinión para La Redacción de la especialista Yael Bendel. Fue Presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Secretaria Nacional de Niñez y Familia y Asesora General Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez más, la violencia contra niños, niñas y adolescentes ocupó los titulares de los medios y el debate en redes sociales. En esta oportunidad, al tratarse de una persona de conocimiento público que relató su historia en primera persona, la noticia contribuyó a ponerle rostro y nombre a estadísticas escalofriantes. Se trata de una problemática grave que nos atraviesa a toda la sociedad por igual.
En los últimos años, los hechos que tienen como víctimas a chicos y chicas han adquirido mayor notoriedad, generando una justa indignación y un pedido generalizado de justicia. Sin embargo, el factor más importante y determinante para proteger a la infancia radica en comprender que todos los adultos somos responsables de la protección de todos los niños. Es nuestra obligación ético-social involucrarnos.
El sistema educativo, el de salud, los clubes, los centros de recreación, la familia ampliada, los vecinos y la comunidad escolar, todos, tenemos el desafío y el deber de escuchar desde el lugar que ocupamos e informar a los organismos correspondientes.
Esta escucha no se limita únicamente a la literalidad de las palabras cuando el niño o adolescente logra expresarlas. Implica, sobre todo, una escucha activa y atenta a las conductas, actitudes y reacciones. Si bien el sistema de salud y la escuela han incrementado la detección y denuncia en el último tiempo —lo cual se refleja en el aumento de registros oficiales—, no podemos ignorar que persisten fallas, demoras e inconsistencias en las respuestas de los poderes Ejecutivo y Judicial. Garantizar un sistema ágil y coordinado sigue siendo una deuda histórica con la infancia.
Asimismo, es clave recordar que la mayoría de las violencias provienen del círculo íntimo, en especial de quienes tienen a su cargo el cuidado directo. Esta asimetría dificulta que la víctima pueda pedir ayuda verbalmente debido al miedo, la vergüenza, el temor a que no le crean o el desconocimiento de que lo que vive es un delito.
Por esta razón, la puesta en conocimiento a los organismos de protección ante una sospecha no es optativa, es un mandato legal. Es imprescindible notificar mediante las líneas de emergencia y oficinas de atención para activar de inmediato el sistema de protección integral. A partir de esta notificación se inician investigaciones coordinadas entre la escuela, el sistema de salud, el organismo de protección y la justicia para resguardar al niño o niña y, si es necesario, separarlo del agresor y ubicarlo con un referente de la familia ampliada. Comunicar no trae consecuencias perjudiciales para el denunciante; omitir la denuncia, en cambio, priva a un niño de la única oportunidad de salir del círculo de violencia.
Por último, el debate público sobre este caso dejó al descubierto otra vulneración recurrente, la exposición mediática y social. Se ha llegado a afirmar que no se habló antes del proceso judicial por tratarse de una familia “poderosa”.
Es preciso aclarar que la reserva no respondió a privilegios, sino al derecho a la intimidad. Proteger los derechos de los niños implica resguardar su privacidad, incluso cuando pertenecen a familias públicas. Un niño no elige la exposición de su entorno, y su historia jamás debe ser espectáculo.
La valentía de quien hoy comparte su historia nos interpela a revisar la calidad de nuestra escucha, una escucha libre de prejuicios y consciente de la profunda vulnerabilidad infantil.
Los niños no son propiedad de nadie; son sujetos de derecho. Su protección no depende únicamente del ámbito privado, sino del compromiso ético e ineludible de toda la sociedad.
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