Durante una intensa jornada parlamentaria en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó proyectos clave sobre propiedad privada, fentanilo y vandalismo rural, mientras el oficialismo renegocia de madrugada los acuerdos por la Ley de Discapacidad.
Durante una intensa jornada parlamentaria en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó proyectos clave sobre propiedad privada, fentanilo y vandalismo rural, mientras el oficialismo renegocia de madrugada los acuerdos por la Ley de Discapacidad.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que limita las expropiaciones, agiliza los desalojos y restablece las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La votación fue de 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.
Como la Cámara baja introdujo cambios respecto del texto que el Senado había aprobado el 6 de agosto, la iniciativa deberá volver a la Cámara alta. Allí deberá decidir si acepta la nueva redacción o insiste con el texto original.
La sesión, convocada por el oficialismo, continuaba pasada la medianoche con el debate por la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. El Gobierno había aceptado modificaciones propuestas por la oposición y buscaba asegurar la aprobación de su propio dictamen, con respaldo de aliados y de una parte de Unión por la Patria.
El proyecto aprobado modifica los procedimientos para que los propietarios recuperen inmuebles ocupados. Establece que los desalojos tramiten mediante juicio sumarísimo, un proceso más breve que el ordinario.
En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino a regularizar la deuda. La norma fija un plazo no inferior a 10 días corridos desde la notificación y prevé la restitución del inmueble en 10 días hábiles si el incumplimiento continúa.
El texto también contempla controles judiciales en determinados desalojos. Si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez deberá intervenir a los organismos competentes para buscar una alternativa habitacional, sin suspender el proceso.
En materia de expropiaciones, la iniciativa endurece las condiciones para que el Estado disponga de bienes privados. Exige una declaración específica de utilidad pública e incorpora el lucro cesante entre los conceptos indemnizables, con un límite general del 30% del daño emergente, salvo que se acredite una afectación mayor.
Además, establece que el Estado no podrá transferir el dominio de un bien sin haber pagado previamente la totalidad de la indemnización. La actualización de ese pago se calculará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés del Banco Nación.
Uno de los puntos de mayor conflicto fue la restitución de la Ley de Tierras Rurales. El texto aprobado dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei había derogado esa normativa, y recuperó la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011.
Esa ley fija un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, las provincias y los municipios. El capítulo que ratifica su vigencia obtuvo 239 votos a favor, una mayoría que lo protege frente a un eventual veto presidencial.
La incorporación representó una concesión del oficialismo. El Gobierno había impulsado inicialmente la eliminación de las restricciones a la compra de campos por extranjeros, pero debió aceptar su continuidad durante la negociación con sus aliados.
El proyecto también moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble. Prevé la digitalización de trámites, la presentación de documentos electrónicos, el uso de firma digital y mecanismos para garantizar la integridad y trazabilidad de la información registral.
Antes del debate sobre propiedad privada, Diputados aprobó la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo. La iniciativa recibió 241 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, y obtuvo media sanción.
La norma busca controlar el recorrido de estos medicamentos desde la materia prima hasta su aplicación al paciente. El debate se produjo tras el caso del fentanilo contaminado, que provocó al menos 90 muertes en el país, según consignaron las fuentes consultadas.
Durante el tratamiento, varios legisladores cuestionaron los recursos asignados a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). También reclamaron mayor participación de los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado.
La Cámara aprobó además un proyecto que incorpora al Código Penal nuevos delitos por “vandalismo rural”. La iniciativa recibió 162 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.
La norma prevé penas de hasta 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado para quienes destruyan silobolsas, paneles solares, cultivos, ganado, bombas de agua o afecten el ciclo productivo. También duplica las penas cuando el delito es cometido por funcionarios públicos o personas vinculadas al sector agropecuario.
Diputados autorizó, asimismo, la transferencia gratuita al gobierno de Chaco de un inmueble nacional ubicado en Barranqueras, correspondiente al Centro de Acopio y Embarque Barranqueras. La votación fue de 235 votos a favor y ninguno en contra.
El debate más sensible de la jornada era la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Tras negociaciones con la oposición, La Libertad Avanza aceptó modificaciones impulsadas por el jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad.
El dictamen consensuado establece por ley los requisitos para acceder a pensiones por discapacidad. Entre ellos figuran contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
El proyecto mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. Si las partidas del Ministerio de Salud resultaran insuficientes, podrán utilizarse fondos del Tesoro.
También prevé un cronograma para regularizar la deuda con prestadores. El Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentarlo y un máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, estimadas en $278.323 millones.
En el debate, la oposición reclamó que el Gobierno retire del Presupuesto 2027 el capítulo que deroga la actualización mensual por IPC de los pagos a prestadores. Ese punto quedó como uno de los principales reclamamos pendientes.
El oficialismo y sus aliados rechazaron varios pedidos de apartamiento del reglamento presentados por el kirchnerismo. Entre ellos, los proyectos para declarar la emergencia pyme, prorrogar la emergencia pediátrica por el Hospital Garrahan, reponer el programa Remediar, derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y suspender la prescripción de causas por abuso sexual infantil.
También fue rechazado el tratamiento de la Ley Segovia. Tras el debate por Discapacidad, la oposición buscará tratar una emergencia por endeudamiento familiar, con propuestas de refinanciación y topes a las tasas de interés.
La sesión continuaba pasada la medianoche. Quedaba abierta la definición final sobre Discapacidad y el alcance que podría tener el debate por el endeudamiento de las familias.
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