El financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia continuará detenido tras incumplir las reglas de su libertad condicional. La Justicia le denegó el arresto domiciliario y amplió la acusación por lavado de dinero tras detectar la compra de una propiedad por USD 500 mil en efectivo.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, resolvió que Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, permanezca detenido por existir un “riesgo concreto de fuga”. El magistrado rechazó el pedido de excarcelación y la solicitud de prisión domiciliaria con tobillera electrónica presentados por la defensa, luego de constatar múltiples irregularidades en el cumplimiento de las pautas impuestas para que el empresario gozara de libertad.
La decisión judicial se fundamentó en los vastos recursos económicos del acusado, que incluyen vínculos con numerosas sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros. Para el juez, esta estructura facilita una eventual evasión y se suma a la expectativa de una pena de prisión efectiva (no condicional) por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
Durante su ampliación indagatoria, Vallejo intentó justificar sus faltas, pero el juzgado determinó que sus acciones no fueron “meras irregularidades formales”, sino incumplimientos graves de las obligaciones establecidas. Los puntos clave que motivaron el fallo en su contra son:
Ocultamiento de domicilio: Vallejo abandonó su residencia declarada a fines de agosto y recién notificó su nuevo paradero el 15 de octubre, únicamente después de que la policía lo buscara sin éxito en su country.
Ausencias injustificadas: El financista omitió la obligación de presentarse una vez por mes en el juzgado, justificándose en una supuesta “interpretación equivocada” de las reglas del tribunal.
Retención de vehículos de lujo: Vencido el plazo fijado, Vallejo retuvo los rodados que debían pasar a custodia de la Corte Suprema (un Audi Q2, un Mercedes Benz y una Toyota SW4), excusándose en que no había personal policial para recibirlos.
El pedido de arresto domiciliario propuesto por su abogado, Pablo Parera, fue desestimado de plano. Rodríguez Ponte argumentó que Vallejo ya había demostrado su reticencia para acatar un régimen de reglas concretas y remarcó que el beneficio presuponía un domicilio “cierto y controlable”, algo que el acusado no pudo sostener.
La situación procesal del financista se agravó drásticamente en los últimos días tras la incorporación de nueva prueba, destacándose la presunta compra de una casa en un barrio cerrado por USD 500.000 en efectivo. Frente a estos hallazgos, la Justicia amplió la acusación contra Vallejo, señalándolo ahora como el “jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos” ilícitos, y citó a declarar a otras 15 personas vinculadas a la red de sociedades.
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