Paraguay: Protestan por Ueno Bank y piden juicio político a Santiago Peña

Cientos de ahorristas y jubilados marcharon en Asunción tras la intervención de Ueno Bank, exigiendo la restitución total de sus fondos y juicio político al presidente Peña. La protesta incluyó choques policiales, detenciones de directivos y pagos de emergencia.

Manifestaciones en Paraguay en contra del Gobierno y Ueno Bank. Foto: Redes Sociales

El microcentro de la capital paraguaya se transformó en un hervidero social donde la paciencia de la gente llegó a un punto sin retorno. Por segunda jornada consecutiva, una multitud enfurecida marchó por las arterias céntricas para exigir que el Estado devuelva hasta el último guaraní, luego del cierre preventivo y la liquidación forzada de la firma bancaria más masiva del país vecino. La indignación colectiva reunió a pequeños comerciantes, trabajadores independientes y una marea de adultos mayores que vieron cómo sus fondos previsionales quedaron congelados de la noche a la mañana, desatando una pulseada callejera que escaló rápidamente hacia escenas de tensión física, forcejeos y corridas contra los cordones de infantería.

El epicentro de la convocatoria popular tuvo lugar en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes, donde la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social encabezó una columna masiva con pancartas y banderas patrias, según el seguimiento exhaustivo que realizó en el lugar ABC Paraguay. Lo que arrancó como una sentada pacífica con cánticos contra la cúpula directiva de la entidad quebrada derivó en incidentes cuando un grupo de manifestantes intentó romper el vallado policial para llegar hasta las puertas del Congreso Nacional, desatando choques con los uniformados que respondieron empujando a la masa con escudos y gases disuasorios en varias esquinas del casco histórico.

Piedras, reclamos y escraches frente a la residencia de Santiago Peña

La bronca de los manifestantes no se limitó al edificio parlamentario ni a las oficinas centrales del sistema bancario, sino que se trasladó de inmediato hacia las puertas del poder político. Un nutrido contingente de autoconvocados se instaló sobre la avenida Mariscal López frente a Mburuvicha Róga, la quinta oficial del jefe de Estado paraguayo, para repudiar lo que consideran una estafa a gran escala avalada por los entes de control público. Frente a los portones de la residencia, los afectados exhibieron carteles acusando al mandatario y a su número dos de haber mirado para otro lado mientras la compañía financiera se desfondaba otorgando préstamos cruzados a negocios del mismo conglomerado comercial.

Los manifestantes apuntaron de lleno contra el oficialismo y exigieron la inmediata apertura de un juicio político contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente Pedro Alliana, reclamando que se determine si existieron negociados previos o complicidad en la demora de los controles. Con consignas claras y sin rodeos burocráticos, los portavoces de los jubilados plantearon que no aceptarán quitas ni plazos de liquidación judicial que licúen sus haberes: la postura unánime fue que las arcas públicas deben garantizar el rescate total y restituir el cien por ciento de las colocaciones que las cajas del IPS mantenían inmovilizadas en las arcas del banco fundido.

El desfalco corporativo y el efecto dominó sobre las cajas previsionales

El detonante de semejante estallido fue la auditoría relámpago del Banco Central, que detectó un derrumbe absoluto de las reservas líquidas de Ueno Bank, la marca estrella manejada por el Grupo Vázquez. El regulador oficial constató maniobras irregulares y créditos otorgados a sociedades satélites de los propios dueños, lo que terminó de quebrar el índice de solvencia exigido por las normas financieras de la región. El impacto dejó a miles de ciudadanos comunes en un corralito total: ninguna sucursal atiende al público, la aplicación digital permanece bloqueada y nadie puede retirar ni un solo peso de sus cuentas al menos durante los quince días que demande el proceso de intervención judicial.

El caso desató una verdadera tormenta judicial y política que no para de sumar capítulos en los tribunales de Asunción. La Justicia ordenó la captura y detención de ocho altos mandos de la entidad financiera, mientras que el jefe máximo del Banco Central tuvo que dejar su despacho acorralado por los vínculos que mantenía con la empresa intervenida antes de asumir la función pública. Con el mercado comercial semiparalizado y la oposición avanzando con denuncias penales en el palacio legislativo, el gobierno intentó apagar el fuego aprobando a contrarreloj una reforma a las leyes de salvataje para autorizar pagos inmediatos a los clientes bancarios más castigados por la caída.

Auxilio estatal y parches de emergencia para contener la bronca

En medio de la psicosis colectiva que se vive en los cajeros automáticos clausurados, el Poder Ejecutivo nacional promulgó de urgencia una normativa especial para destrabar liquidez sin tener que esperar los meses que suelen durar las quiebras corporativas. El Fondo de Garantía de Depósitos habilitó un anticipo de emergencia de hasta cuarenta salarios mínimos por cliente, según las disposiciones detalladas por ABC Paraguay para los usuarios registrados en la capital. Si bien esta medida promete entregar sumas rápidas para descomprimir la falta de plata cotidiana en los hogares, los gremios y jubilados advirtieron que no levantarán las carpas ni los cortes de calle hasta que cada trabajador recupere la totalidad de sus ahorros y los responsables del fraude terminen cumpliendo penas efectivas en prisión.

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