La administración Trump ordenó al Pentágono usar fuerza militar contra cárteles de drogas, calificados como terroristas. Esto cambia la lucha tradicionalmente policial a una intervención militar. La medida, la más agresiva hasta la fecha, plantea un dilema crucial sobre los límites de la intervención en el extranjero y sus implicaciones políticas y legales.
El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva que habilita al Pentágono para usar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga que su administración ha designado como organizaciones terroristas, de acuerdo con la cadena The New York Times. Esta decisión es el paso más agresivo que ha dado su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, y señala la voluntad de Trump de utilizar fuerzas armadas en lo que se considera principalmente una tarea policial, para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden, que proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero, ha llevado a los oficiales militares a explorar opciones sobre cómo perseguir a estos grupos. Sin embargo, la medida no está exenta de controversia. El despliegue de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, eleva preguntas sobre su legalidad y, en particular, si se consideraría “asesinato” que las fuerzas estadounidenses, actuando fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles o sospechosos que no representen una amenaza inminente.
Este año, la administración de Trump ya había desplegado la Guardia Nacional y tropas en la frontera suroeste, y había etiquetado a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Entre los grupos señalados se encuentran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel de los Soles, que, según el gobierno, es dirigido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De hecho, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha duplicado la recompensa por información que conduzca a su arresto, calificándolo como jefe de un cártel.
La directiva de Trump representa una escalada significativa en la guerra contra las drogas, al situar al ejército estadounidense en la primera línea de combate. Más allá de la estrategia, la medida nos obliga a preguntarnos: ¿Es la intervención militar la respuesta efectiva para un problema que tiene profundas raíces sociales y económicas? Y, a nivel internacional, ¿qué consecuencias podría tener esta nueva postura unilateral de Estados Unidos en su relación con otros países y en el equilibrio geopolítico de la región?
Laureano Ortega Murillo se afianza como el principal operador geopolítico de Nicaragua ante China y Rusia, perfilándose como heredero dinástico. Sin embargo, su eventual llegada al poder enfrenta incertidumbre ante la suspensión de elecciones anunciada por el régimen.
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La ANMAT prohibió la comercialización de los productos de limpieza “Clorquim” y “Clean Lab” por carecer de registros sanitarios. Además, el organismo suspendió el uso del componente farmacéutico acetanilida debido a los riesgos hematológicos detectados en su consumo.
Las ventas minoristas cayeron en junio pese a picos puntuales en televisores por el Mundial y al repunte del comercio electrónico. El Gobierno sigue con atención la debilidad del consumo, que aún no refleja la baja de la inflación.
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El diplomático de carrera Daniel Raimondi fue citado por la Cancillería brasileña tras las descalificaciones de Javier Milei contra Lula da Silva. Con amplia trayectoria en integración regional, el embajador en Brasilia afronta la tarea de contener la tensión bilateral.
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