Pablo Grillo, el fotoperiodista gravemente herido durante una represión en marzo, volvió a ingresar a terapia intensiva. Su cuadro neurológico permanece estable pero sin la evolución esperada, debido a complicaciones con el drenaje de líquido cefalorraquídeo. La familia destaca su lucha y el apoyo que recibe mientras sigue bajo cuidados críticos.
El fotoperiodista Pablo Grillo, de 35 años y oriundo de Lanús, sigue en estado estable pero con secuelas neurológicas severas tras ser gravemente herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno durante una manifestación frente al Congreso el pasado 12 de marzo. La familia informó que, aunque permanece en terapia intensiva, la evolución no es la esperada y requiere cuidados continuos.
El responsable del disparo fue identificado como el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero. Este efectivo fue citado a indagatoria para el próximo 2 de septiembre por la jueza María Servini, quien además ordenó la prohibición de salida del país del gendarme y dispuso una reconstrucción detallada del episodio para esclarecer responsabilidades. Sin embargo, el día de hoy el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informo que la citación será postergada para el 17 de septiembre.
Investigaciones independientes y registros audiovisuales indican que Guerrero disparó de forma directa, en un ángulo horizontal contrario a los protocolos que indican disparos en ángulo ascendente para mitigar daños, y que el proyectil impactó en la cabeza del fotógrafo cuando este se encontraba protegido detrás de una barricada.
A pesar de la gravedad del atentado y de la evidencia recopilada, Gendarmería Nacional cerró su investigación interna calificándola de “hecho fortuito” y atribuyendo parcialmente la responsabilidad al propio Grillo por estar en la línea de tiro. Esta conclusión fue fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y la familia del periodista, considerando que se trató de un intento de encubrimiento.
El caso pone en foco la violencia institucional y la represión desplegada, mientras continúa el proceso judicial para determinar las responsabilidades penales del agente y garantizar justicia para el fotoperiodista.
Diputada Marcela Pagano amplió denuncia penal contra Manuel Adorni por presuntos retornos económicos. Escrito judicial detalla contratos millonarios entre consultora de su esposa y empresas navieras proveedoras de YPF, en un esquema de posible beneficio indirecto mediante fondos públicos.
Costo de la crianza en Argentina registró un leve incremento del 1,5 % durante febrero, ubicándose por debajo de la inflación general. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) detalló que mantener a menores de entre seis y 12 años requiere la mayor inversión económica.
Mañana martes la expresidenta Cristina Kirchner declarará ante el Tribunal Oral Federal 7 por presuntas maniobras ilegales en la obra pública. El traslado desde su domicilio en Constitución hasta Comodoro Py ocurrirá bajo el control de su tobillera electrónica y en medio de cuestionamientos de la exmandataria hacia el Gobierno Nacional.
Eduardo Gómez, de 53 años, falleció tras recibir un disparo en la arteria femoral durante la madrugada de este domingo. El trabajador intentó defenderse con un palo de madera. Hay un detenido de 20 años con antecedentes previos.
El argentino viene de tener una de sus mejores actuaciones en la categoría durante el GP de China, donde sumó un punto.
La Confederación General del Trabajo y diversos gremios presentaron demandas por inconstitucionalidad contra la Ley 27.802. Mientras la Justicia de Córdoba dictó el primer fallo contra las indemnizaciones, la Cámara Federal analiza el traspaso del fuero laboral.
La actriz Emilia Attias abandonó la competencia culinaria este domingo 15 de marzo tras fallar en un complejo desafío de pastelería francesa. El jurado seleccionó por unanimidad a los participantes que disputarán el acceso a la última instancia del certamen.
Cuatro provincias ecuatorianas cumplen 15 días de restricción nocturna y despliegue de 75.000 uniformados. El Gobierno de Daniel Noboa busca desarticular economías criminales en las zonas más violentas, mientras organismos internacionales alertan sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos.
