Corrupción en la ANDIS: La Coalición Cívica exige a Milei frenar $8.823 millones en contratos de la droguería Kovalivker

La Coalición Cívica pidió a Javier Milei revisar $8.823 millones en contratos preadjudicados a la droguería Suizo Argentina, citando el escándalo ANDIS. La Justicia, mientras tanto, allanó la sede de Osprera en busca de pruebas sobre los vínculos comerciales.

La Coalición Cívica (CC) ha escalado su ofensiva contra el gobierno, solicitando al presidente Javier Milei la revisión “exhaustiva y preventiva” de catorce procesos de compra que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene pendientes con la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. Los contratos, que suman un total de $8.823 millones de pesos y se encuentran en etapa de preadjudicación, han sido objeto de un pedido de “control” por la “grave posibilidad de la consumación de potenciales delitos en contrataciones públicas”.

La solicitud fue elevada por el legislador porteño Hernán Reyes y la diputada nacional Marcela Campagnoli, quienes buscan que el Ejecutivo intervenga antes de que se formalice cualquier acuerdo. El pedido se basa en las explosivas grabaciones del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en las que se alude al pago de supuestas coimas o “retornos” de entre el 3% y el 8% del monto de las compras a funcionarios del núcleo del gobierno, incluyendo a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

Argumentos legales y la dimensión moral del pedido

El documento presentado por los candidatos de la CC ante la Presidencia es una mezcla de argumentación legal y exigencia moral. Los dirigentes cívicos citan el Decreto Delegado 1023/2001, que rige las contrataciones públicas nacionales, y sostienen que el pago de sobornos es una “causal determinante” para rechazar una oferta o rescindir un contrato. En este sentido, Reyes y Campagnoli advierten que, si la causa judicial deriva en el procesamiento de los directivos de Suizo Argentina, la empresa quedaría “automáticamente impedida de resultar adjudicataria de contratos públicos”.

Los legisladores enfatizaron que “el interés público en la transparencia y probidad de las contrataciones prevalece sobre el interés individual del oferente sospechado”. Por lo tanto, solicitan que el Gobierno suspenda de inmediato la tramitación de estos concursos, ya sea “apartando provisoriamente a dicho oferente, rechazando sus ofertas por causa sobreviniente de interés público, o directamente anulando los procedimientos si se confirmase una contaminación generalizada por prácticas corruptas”.

Además de los argumentos normativos, la CC remarcó la “dimensión moral” del pedido, considerada un acto “insoslayable” para “la recuperación institucional de la República”. El pedido a Milei se da en un momento en que la justicia acorrala a los empresarios: el exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, ratificó en su declaración judicial el contenido de los audios que Spagnuolo le confió en privado.

La Justicia allana Osprera y lazos con la cúpula libertaria

En paralelo a la ofensiva política, la investigación judicial avanza con fuerza. El juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, ordenó el allanamiento de la sede de la obra social de los empleados rurales (Osprera). El operativo busca documentación sobre los contratos de Osprera, que está intervenida por el Gobierno, con la droguería Suizo Argentina. La obra social, que opera bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, emitió órdenes de pago por más de $7.700 millones a la droguería de los Kovalivker en los primeros cinco meses de la intervención.

La investigación judicial se extiende a la cúpula del poder. Un peritaje al teléfono del interventor de Osprera, Marcelo Petroni, reveló siete comunicaciones con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y mensajes que evidencian una relación de confianza. Un mensaje en particular ha puesto el foco en la interna del gobierno: Petroni afirmó a un empleado de la Secretaría de Trabajo: “Nosotros somos Lule y Karina”, un mensaje que subraya el estrecho vínculo entre el interventor y el núcleo del gobierno. Casanello aguarda el resultado de estas medidas para resolver los pedidos de indagatoria, mientras la CC presiona al Ejecutivo para que demuestre su compromiso con la transparencia.

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