Mientras el líder narco prófugo sigue siendo un fantasma para la policía, las fuerzas de seguridad centran su atención en Matías Agustín Ozorio, un joven de 28 años con orden de captura y fuerte influencia en Florencio Varela.
Mientras el líder narco prófugo sigue siendo un fantasma para la policía, las fuerzas de seguridad centran su atención en Matías Agustín Ozorio, un joven de 28 años con orden de captura y fuerte influencia en Florencio Varela.
Hace 72 horas, los vecinos de las villas 1-11-14, Zavaleta y 21-24 viven atemorizados tras la aparición de los cuerpos mutilados de Brenda Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en una casa de Florencio Varela. Las investigaciones apuntan hacia una organización narco liderada por un peruano conocido como “Pequeño J”, de 23 años, cuya identidad real se desconoce y no figura en expedientes oficiales. El mismo sería parte de la nueva generación de narcos lideres en los barrios actualmente. Pequeño J sería presuntamente hijo y nieto de narcotraficantes peruanos. Del líder narco más buscado del país aun no se tiene ni numero de documento ni se registra en ningún expediente.
Mientras “Pequeño J” permanece prófugo, la Justicia, ahora bajo la fiscalía de Adrián Arribas, busca intensamente a Matías Agustín Ozorio, alias “Tati”, un argentino de 28 años, con domicilio en la villa 21-24 y moviéndose también entre la Zavaleta y la 1-11-14.
Ozorio, quien cuenta con orden de captura vigente, es considerado cómplice o miembro activo de la estructura criminal involucrada en la planificación y ejecución del triple femicidio. Según fuentes cercanas, mantiene vínculos con el clan Cabral, señalado como uno de los posibles ejecutores.
Ozorio tiene antecedentes judiciales limitados y no figura en los archivos de narcotráfico con causas importantes, lo que complicaría su localización. Cinco personas ya fueron indagadas por estas causas, pero el cómplice identificado se mantiene prófugo.
La investigación también arroja que la banda está conformada por argentinos nacidos en una generación posterior a los jefes históricos peruanos, con familias establecidas en esos barrios en la Ciudad y el Conurbano.
Los operativos continúan en varios puntos buscando desmantelar la red y esclarecer el terrible crimen que conmocionó al país.
Las familias de las víctimas exigen justicia plena y el Estado refuerza el compromiso para combatir el narcotráfico y la violencia de género asociada.
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