El máximo tribunal avaló el pedido de la justicia estadounidense para juzgar al empresario por narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. La decisión final queda en manos del Poder Ejecutivo, que deberá resolver en diez días hábiles.
El máximo tribunal avaló el pedido de la justicia estadounidense para juzgar al empresario por narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. La decisión final queda en manos del Poder Ejecutivo, que deberá resolver en diez días hábiles.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la habilitación a la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta graves cargos como asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. La decisión unánime de los ministros del máximo tribunal argentino ratifica el auto de procesamiento dictado por un Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas.
Machado fue imputado por integrar una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de al menos cinco kilos de cocaína, además de cargos por importación ilegal de droga, asociación ilícita para lavar activos y conspiración para cometer fraude electrónico.
Durante el proceso judicial en Argentina, la defensa de Machado presentó varias objeciones, alegando falta de doble incriminación, cuestionando la imparcialidad judicial y denunciando violaciones al principio de igualdad de armas. Sin embargo, todos los reclamos fueron rechazados.
Además, la causa judicial vincula directamente a Machado con el diputado José Luis Espert, quien recientemente renunció a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza tras conocerse su relación económica con el empresario. Según el expediente, Espert habría recibido una transferencia cercana a los 200.000 dólares como asesoría para un proyecto minero en Guatemala y habría utilizado aviones privados financiados por Machado durante su campaña presidencial de 2019, con un monto estimado en 350.000 dólares.
Tras la firma de este fallo, la Corte Suprema remitirá el expediente a la Cancillería, para que el Poder Ejecutivo decida en un plazo de diez días hábiles si concede o no la extradición. Según la normativa vigente, la autoridad gubernamental puede denegar la medida por razones de soberanía nacional, seguridad u otros intereses esenciales para Argentina.
Machado permanece bajo prisión domiciliaria en Argentina mientras se espera la resolución final del Ejecutivo.
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