Se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales y vivían en condiciones de extrema precariedad sanitaria.
Se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales y vivían en condiciones de extrema precariedad sanitaria.

Un joven de 25 años, responsable de un establecimiento rural de cultivo de frutillas, fue detenido con prisión preventiva por 150 días, por explotación laboral y reducción a la servidumbre en condiciones de hacinamiento a 45 personas, entre ellos dos menores de edad.
Según la información suministrada por el portal Fiscales.gob y de acuerdo a lo constatado por la fiscalía, se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, la mayoría migrantes de la provincia de Chaco, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales que comenzaban de madrugada.
Algunas de las personas vivían en galpones de chapa con piso de tierra, dormían en camas hechas de cajones, no tenían acceso al agua potable ni a sanitarios, y les daban linternas para trabajar por la noche.
El acusado, identificado como F.P., dirigía las tareas en el predio emplazado a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial N°1, en la localidad de Arroyo Leyes, ubicada a 23 kilómetros de la capital santafesina.
El cargo que se le imputa es el delito de trata de personas con la finalidad de reducción a la servidumbre, agravado por tratarse de más de tres víctimas, abuso de su situación de vulnerabilidad y la consumición de dicho aprovechamiento.
Asimismo, en dos casos se le sumó el agravante por tratarse de menores de edad.
La causa está encabezada por el fiscal federal Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe ,y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso que llevaron adelante una audiencia de formalización de la investigación penal realizada 4 de octubre pasado ante el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.
El magistrado, por pedido de los fiscales, autorizó la extracción de datos de siete teléfonos celulares incautados en el marco de la pesquisa, de una computadora, de un DVR y el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok.
Además dictó la incompetencia parcial de las actuaciones respecto al hallazgo de 12 armas de fuego de distintos calibres, 250 municiones, y 21 gramos de marihuana encontrados en poder del imputado, respecto de las cuales ordenó otorgar intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe.
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