Gobierno boliviano admite la presencia de cárteles internacionales de droga y llama a la cooperación global contra el narcotráfico

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, reconoció que Bolivia enfrenta una amenaza transnacional con estructuras criminales que operan desde el país y pidió apoyo internacional para enfrentar este flagelo sin perder soberanía.

Ernesto Justiniano, vicepresidente de Bolivia
Ernesto Justiniano, vicepresidente de Bolivia

El Gobierno de Bolivia confirmó la existencia de cárteles internacionales de la droga que operan en su territorio, una declaración significativa luego de años de negación y hacia un reconocimiento directo de la gravedad del problema. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, aseguró en Bolivia Televisión que “el narcotráfico no tiene fronteras” y que estas organizaciones utilizan tecnología avanzada y recursos que superan las capacidades locales del Estado.

Justiniano alertó que estas redes criminales han establecido operaciones en Bolivia aprovechando su posición estratégica en Sudamérica y rutas de tránsito hacia países vecinos como Brasil, Paraguay y Perú. Recalcó asimismo la necesidad de fortalecer la cooperación con países como Brasil y Estados Unidos, así como con agencias de inteligencia especializadas, para hacer frente de manera más efectiva al narcotráfico.

Pese a ello, el funcionario enfatizó que esta colaboración internacional no debe implicar una cesión de soberanía nacional. Destacó la importancia de compartir información sobre movimientos financieros ilícitos, rutas de transporte y estructuras logísticas, ya que los métodos empleados por los narcotraficantes se vuelven cada vez más sofisticados.

Tradicionalmente reconocido como productor de hoja de coca, Bolivia ahora enfrenta el desafío añadido de ser una ruta clave para el tráfico de drogas, lo que multiplica la presión sobre las fuerzas de seguridad. Ernesto Justiniano subrayó que se requiere un trabajo conjunto con todas las fuerzas policiales, sobre todo las fronterizas, para combatir este problema de alcance global.

Este giro en el discurso oficial refleja una realidad compleja que exige respuestas coordinadas en el contexto regional y mundial para enfrentar un crimen que no respeta límites territoriales.

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