La provincia de Misiones debate el embarazo de una niña de 12 años, la autoridades regionales se enteraron del embarazo por la viralización en redes, ella dice que quiere conservar al bebe.
La provincia de Misiones debate el embarazo de una niña de 12 años, la autoridades regionales se enteraron del embarazo por la viralización en redes, ella dice que quiere conservar al bebe.
El destino de una niña de 12 años de Paraje Gramado, en Misiones, volvió a poner en jaque a la sociedad: un embarazo de 12 semanas que desafía nuestra comprensión, desequilibra la justicia y revela las grietas de un sistema que falla a quienes más debería proteger. Ella no quiere interrumpir el embarazo, una voluntad que desconcierta a muchos, pero detrás de esa decisión sobrevuelan las preguntas más urgentes: ¿puede una niña de su edad comprender el peso de ser madre? ¿Qué futuro le aguarda cuando su niñez fue quebrada por una realidad impuesta? ¿Dónde están los adultos responsables que deberían haberla protegido?
La historia estalló el lunes cuando Romina Cunha, directora del Área de Niñez y Familia de Bernardo de Irigoyen, difundió los detalles. La pequeña no está escolarizada y su familia, marcada por antecedentes de maternidad temprana, la ve como parte de una cultura donde esto es “natural”. Su madre, de 31 años, y una hermana de 15, que ya es madre, viven en una cruda realidad de pobreza y precariedad, mudándose recientemente desde Andresito y luchando por una vivienda.
Esta historia que representa un sinfín de abusos, violaciones a menores y estado de vulnerabilidad, también evidencia todo aquello que el Estado no se ha encargado de proteger ni de educar. Solo queda verlo de una sola manera: tomarlo como la decisión política que esto significa.
La discusión del aborto legal y gratuito no es únicamente propia de nuestro país, sino que hoy es un tema continental. Actualmente, Estados Unidos vuelve a poner — a través de Trump — sobre la mesa el debate del aborto seguro, legal y gratuito, desfinanciando el aporte nacional para que cada Estado vuelva a re discutirlo fronteras para adentro.
Mientras tanto, los vecinos chilenos enfrentan una elección política que apunta a empoderar nuevamente a la derecha, quienes, entre otras cosas, presentaron recientemente un proyecto de ley en el Senado para erradicar el derecho a abortar en casos de violación, y promulgaron una ley llamada “Tengo fe en Dios” que “tiene por objeto establecer una protección efectiva e integral a la vida humana desde la concepción, fortaleciendo el vínculo natural y jurídico entre la madre y el hijo en gestación, y garantizando la dignidad de ambos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como los embarazos producto de violencia sexual,” según el documento difundido.
Cuesta mucho separar el momento político y su termómetro frente a las discusiones de género y libertad reproductiva de nuestro continente, de un Estado argentino que desfinancia y vacía de recursos económicos y morales la Ley de Educación Sexual Integral y los departamentos de género a lo largo y ancho del país.
“El hospital no tenía registro de esta situación, ni la Comisaría de la Mujer ni el Poder Judicial. Todos nos enteramos a través de las redes sociales,” afirmó Cunha. En un alarmante lapsus de protección institucional, la niña llegó a ser madre en desarrollo sin que nadie del sistema se hiciera cargo. Fue gracias a la viralización en redes que se activaron los protocolos y la atención médica, trasladando a la niña al hospital, donde recibió ecografía, análisis y ácido fólico. “Ella se encuentra bien de salud y manifestó que quiere tener a su bebé,” indicaron las fuentes.
Pero, como advierte Cunha, la menor no se percibe en una situación excepcional. “Para ella es algo natural.” Esa misma naturalidad que reina en su entorno familiar encierra en la rutina una tragedia social.
El gobierno provincial intervino con un protocolo de actuación que involucra salud y justicia, asegurando un acompañamiento integral. Sin embargo, toda la carga de la decisión, con toda la complejidad y responsabilidad que ello implica, recae sobre una niña desarmada, confrontada con un futuro incierto.
Cabe recordar el caso tan mediatizado de los años 70, cuando “la niña madre” del Municipio de Pilar, Mirta, de 10 años, dio a luz mientras la sociedad prefería ver un milagro antes que reconocer la violencia que sufrió.
Es posible que lo que más escalofríos genere no sea solo la naturalidad con que la niña misionera “decide” albergar y gestar a su hijo, sino la pregunta radical e inevitable de: ¿quién la naturalizó primero? ¿la niña o el Estado? Este caso debe sacudir las conciencias y llamar a una reflexión profunda. ¿Cómo se protege a una niña cuando la cultura, la pobreza y la negligencia del sistema social y judicial conspiran para naturalizar el abuso y la explotación? La educación sexual integral, la intervención temprana y el compromiso real de los Estados son imperativos.
La historia silenciosa de esta nueva (pero no la única) niña-madre interroga a toda la sociedad y exige respuestas urgentes y sin dobles discursos. Porque una niña no está preparada para ser madre, ni en la dimensión que exige la vida, ni en la que la ley y la ética le garantizan los derechos del niño.
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