Comunidades originarias protestan en la cumbre climática de Belém, Brasil, reclamando inclusión y protección efectiva de sus territorios frente a proyectos destructivos y cambios climáticos.
Comunidades originarias protestan en la cumbre climática de Belém, Brasil, reclamando inclusión y protección efectiva de sus territorios frente a proyectos destructivos y cambios climáticos.

En la COP30, celebrada en Belém, grupos indígenas de diferentes países amazónicos manifestaron su descontento por la escasa participación que se les otorga en las decisiones climáticas.
Denuncian que sus territorios son tratados como “zonas de sacrificio” ante proyectos mineros, petroleros y de agroindustria que ponen en riesgo la conservación ambiental y sus derechos ancestrales.
Líderes Tupinambá, entre otros, ingresaron de forma pacífica pero polémica a la zona restringida del evento para exigir que se escuchen sus voces y demandas. Bajo el lema “Nuestra tierra no está en venta” reclaman una transición energética justa que no sacrifique sus comunidades ni sus ecosistemas.
Las protestas derivaron en altercados con agentes de seguridad, dejando algunos heridos por reprimendas y empujones, lo que puso de relieve la tensión entre las delegaciones indígenas y los organizadores de la COP30.
Estos enfrentamientos reflejan años de frustración acumulada por la falta de un espacio efectivo de diálogo en las cumbres climáticas, donde prevalecen intereses políticos y económicos que minimizan la importancia de los pueblos originarios.

Las comunidades indígenas y activistas climáticos expresan escepticismo sobre la posibilidad de que la COP30 implemente medidas concretas para detener el avance de industrias extractivas y garantizar justicia climática.
La históricamente baja inclusión y reconocimiento de sus derechos genera desconfianza en los procesos multilaterales.
Por ello, exigen un compromiso real para que el cuidado de la Amazonia y la protección de sus culturas sean prioridades en la agenda global climática.
La presencia y reclamos indígenas en la COP30 ponen sobre la mesa la urgente necesidad de repensar las estrategias climáticas desde un enfoque inclusivo y respetuoso de los derechos ancestrales.
La cumbre debe trascender la retórica para convertirse en un espacio genuino de diálogo y acción que contribuya a una transición justa y sostenible para todos los habitantes de la región y del planeta.
Diputada Marcela Pagano amplió denuncia penal contra Manuel Adorni por presuntos retornos económicos. Escrito judicial detalla contratos millonarios entre consultora de su esposa y empresas navieras proveedoras de YPF, en un esquema de posible beneficio indirecto mediante fondos públicos.
Costo de la crianza en Argentina registró un leve incremento del 1,5 % durante febrero, ubicándose por debajo de la inflación general. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) detalló que mantener a menores de entre seis y 12 años requiere la mayor inversión económica.
Mañana martes la expresidenta Cristina Kirchner declarará ante el Tribunal Oral Federal 7 por presuntas maniobras ilegales en la obra pública. El traslado desde su domicilio en Constitución hasta Comodoro Py ocurrirá bajo el control de su tobillera electrónica y en medio de cuestionamientos de la exmandataria hacia el Gobierno Nacional.
Eduardo Gómez, de 53 años, falleció tras recibir un disparo en la arteria femoral durante la madrugada de este domingo. El trabajador intentó defenderse con un palo de madera. Hay un detenido de 20 años con antecedentes previos.
El argentino viene de tener una de sus mejores actuaciones en la categoría durante el GP de China, donde sumó un punto.
La Confederación General del Trabajo y diversos gremios presentaron demandas por inconstitucionalidad contra la Ley 27.802. Mientras la Justicia de Córdoba dictó el primer fallo contra las indemnizaciones, la Cámara Federal analiza el traspaso del fuero laboral.
La actriz Emilia Attias abandonó la competencia culinaria este domingo 15 de marzo tras fallar en un complejo desafío de pastelería francesa. El jurado seleccionó por unanimidad a los participantes que disputarán el acceso a la última instancia del certamen.
Cuatro provincias ecuatorianas cumplen 15 días de restricción nocturna y despliegue de 75.000 uniformados. El Gobierno de Daniel Noboa busca desarticular economías criminales en las zonas más violentas, mientras organismos internacionales alertan sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos.