La investigación sobre la desaparición y posterior muerte de Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagrán y sus hijas sorprendió por el abandono de una denuncia clave y teorías desconcertantes que entorpecieron la búsqueda.
La investigación sobre la desaparición y posterior muerte de Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagrán y sus hijas sorprendió por el abandono de una denuncia clave y teorías desconcertantes que entorpecieron la búsqueda.
Era el 14 de noviembre de 2009 cuando Fernando Pomar, su esposa Gabriela Viagrán y sus hijas María del Pilar y Candelaria emprendieron un viaje que jamás llegaron a completar. Su destino era Pergamino, pero desaparecieron en el trayecto y se convirtió en un misterio que habría de tener a toda Argentina en vilo durante casi un mes.
Los medios no tardaron en hacerse eco del caso, difundiendo versiones que iban desde una fuga voluntaria por problemas económicos hasta una disputa familiar trágica que habría terminado con un asesinato seguido de una huida. Entre las hipótesis más controvertidas se hablaba de deudas millonarias, la presunta posesión de un arma inexistente, y la teoría de que la familia se había ido al extranjero sin aviso.
Pero la verdadera clave del caso estuvo oculta en un simple llamado al 911 que nadie atendió. Un trabajador rural, Casimiro Frutos, vio el 16 de noviembre, dos días después de la denuncia, un auto rojo volcado a un costado de la ruta 31. Inicialmente creyó que era un vehículo abandonado, pero al verlo aún allí diez días después, decidió llamar a la policía. Sin embargo, este llamado fue ignorado por las autoridades, que no investigaron ni siquiera el sitio señalado.
Solo el 8 de diciembre, 24 días luego de la denuncia de desaparición, fueron hallados los cuerpos de la familia Pomar a pocos metros de ese punto en la ruta 31 y a 40 kilómetros de Pergamino. La autopsia reveló que Fernando murió instantáneamente por fractura de cráneo y que Gabriela sufrió golpes severos que le permitieron sobrevivir por un tiempo antes de fallecer. Las niñas murieron en el acto por múltiples traumatismos.
La pesquisa estuvo rodeada de negligencia y omisión, al punto que el comisario responsable fue desplazado y algunos policías quedaron imputados por “omisiones de deberes de funcionario público” y falsificación de actas sobre supuestos rastrillajes que nunca se hicieron.
Este emblemático caso expuso no solo la tragedia familiar sino también fallas institucionales que enturbiaron la búsqueda y la verdad, dejando heridas abiertas y cuestionamientos sobre cómo se conducen ciertas investigaciones policiales en Argentina.
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