El Gobierno recusó al juez Adrián González Charvay por avalar un amparo contra la suspensión de la Ley de Discapacidad. La Procuración del Tesoro acusó al magistrado de “prejuzgamiento” en una causa que exige reasignar $3,02 billones para el sector.
El Gobierno recusó al juez Adrián González Charvay por avalar un amparo contra la suspensión de la Ley de Discapacidad. La Procuración del Tesoro acusó al magistrado de “prejuzgamiento” en una causa que exige reasignar $3,02 billones para el sector.
El gobierno nacional ha iniciado un proceso de recusación contra el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en la causa que declaró inválida la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Estado) presentó una objeción contra el magistrado, argumentando que incurrió en “prejuzgamiento” al pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y al desvirtuar la postura oficial.
El conflicto se centra en el Decreto 681/2025, que promulgó la Ley de Emergencia N.º 27.793, pero dejó su aplicación en suspenso al exigir al Congreso la especificación de las fuentes de financiamiento.
El juez González Charvay había admitido el trámite colectivo de un amparo contra el decreto, y en agosto pasado ya había declarado inválido el veto inicial del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia. La presentación del Ejecutivo busca revertir la decisión del magistrado, que, según la Procuración, “se pronunció sobre aspectos que constituyen el fondo de la cuestión litigiosa”.
El argumento del ejecutivo: el equipo legal del Gobierno sostiene que el Decreto 681/2025 no suspendió la Ley N.º 27.793 (de emergencia en discapacidad), sino que simplemente condicionó su aplicación a la aprobación de las partidas presupuestarias.
El fallo judicial: el juez rechazó el planteo de “falta de legitimación activa y de representación colectiva” formulado por el Ministerio de Salud, lo que permitió que la acción de amparo colectivo siguiera su curso.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue ratificada por el Congreso en septiembre, con el apoyo de casi todo el arco opositor, a pesar del veto presidencial. La norma es clave, ya que actualiza los aranceles de los prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
La promulgación del decreto por parte del Ejecutivo incluía un cálculo del impacto fiscal: $3,02 billones de pesos para el período 2025-2026, lo que representa el 0,35% del Producto Bruto Interno. La Casa Rosada argumentó que el Congreso “no especificó las fuentes de financiamiento”, un requisito exigido por la Ley de Administración Financiera.
El rechazo a la recusación de Adrián González Charvay será determinante para el curso de la causa, ya que el juez mantiene la potestad de ordenar la aplicación inmediata de la ley, lo que obligaría al Ejecutivo a reasignar fondos para afrontar el costo.
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