La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentó la sexta audiencia del Tribunal Oral Federal 7 por la causa de los cuadernos de las coimas, con la fiscalía presionando por un avance rápido hacia sentencia. El debate, iniciado en noviembre, incluye a 87 imputados y se centra en pagos ilegales entre 2003 y 2015.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero avanzaron en la lectura de la imputación fiscal de Carlos Stornelli. El proceso, iniciado el 6 de noviembre de 2025, incluye dos audiencias semanales desde esta etapa. Se esperan 401 testigos y podría extenderse dos años por su magnitud.
Por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) y querellas evalúan planteos de recusación. El TOF 7 analiza traslado a Comodoro Py para mayor presencialidad, con consultas a la Corte Suprema.
La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner figura como jefa de la organización, con Roberto Baratta como coordinador y José López como executor de entregas. Los cuadernos del chofer Oscar Centeno registraron 540 traslados de fondos a domicilios como Olivos, El Calafate y un departamento en Recoleta. Empresarios confesaron 87 pagos por 69 millones de dólares, ligados a obras públicas.
Asimismo, exministro Julio De Vido enfrenta cargos por organización. Extracciones bancarias coinciden con anotaciones, según la fiscalía.
La preocupación del Ministerio Público Fiscal se centra en el riesgo de la prescripción de los delitos de cohecho (soborno), que son el núcleo de la investigación. Si la Justicia no emite una sentencia firme dentro de los plazos estipulados por la ley, el Estado pierde la potestad de juzgar los hechos, lo que extinguiría la acción penal.
Sin embargo, el eje central de la acusación contra Fernández de Kirchner y el resto de los imputados es la figura de asociación ilícita. Esta calificación penal es clave, ya que su naturaleza de delito continuado y de estructura compleja implica plazos de prescripción más amplios que los delitos individuales, actuando como un paraguas legal para asegurar que la totalidad del supuesto entramado de corrupción sea juzgado.
En Febrero de 2026 marcará el inicio de indagatorias a los 86 procesados. Arrepentidos como Ernesto Clarens aportarán testimonios clave. Las defensas cuestionan validez de pruebas documentales.
El debate podría redefinir responsabilidades en contratos estatales de esa época, aunque resta dilucidar la solidez de confesiones ante instancias superiores.
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Su rival en la tercera ronda será el español Carreño Busta.
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