El presidente Javier Milei firmó el decreto que habilita sesiones extraordinarias en el Congreso del 10 al 30 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 junto con reformas laborales, tributarias y penales.
El presidente Javier Milei firmó el decreto que habilita sesiones extraordinarias en el Congreso del 10 al 30 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 junto con reformas laborales, tributarias y penales.
El presidente Javier Milei firmó el decreto que convoca al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre.
El anuncio, oficializado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece un calendario legislativo acelerado para el tratamiento de un extenso temario que busca sentar las bases del modelo de gestión.
La convocatoria permite al Poder Ejecutivo definir la agenda parlamentaria, la cual incluirá seis iniciativas consideradas vitales.
El listado comprende el Presupuesto 2024, la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma laboral, la reforma tributaria, la modificación de la Ley de Glaciares y una reforma integral del Código Penal. La Casa Rosada informó que el contenido detallado de los proyectos de ley será presentado públicamente el martes 9 de diciembre.
La máxima urgencia para el oficialismo es la sanción del Presupuesto 2024. El Gobierno considera esencial que el país cuente con una nueva Ley de Leyes, a diferencia de los años anteriores donde se recurrió a la prórroga presupuestaria.
Esta aprobación es vista como un requisito de previsibilidad tanto por sectores de la oposición como por agentes económicos, incluido el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La elaboración del documento fiscal, a cargo del ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, estará directamente vinculada a las negociaciones políticas.
El Ejecutivo ya se reunió con la mayoría de los gobernadores para escuchar sus peticiones. La estrategia de la Casa Rosada es priorizar la redistribución de recursos—provenientes del superávit fiscal buscado—hacia aquellos mandatarios que resultaron ser aliados electorales, muestren equilibrio en sus cuentas provinciales o aporten volumen legislativo decisivo.
Entre estos se mencionan a los gobernadores Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Raúl Jalil, de Catamarca; y Hugo Passalacqua, de Misiones.
En paralelo al Presupuesto, se tratará la Ley de Inocencia Fiscal, diseñada para incentivar la declaración de activos no formalizados, conocidos como “dólares del colchón“. Además, se impulsará una iniciativa de “regla fiscal” que impedirá aprobar incrementos de gasto público sin un mecanismo de financiamiento explícito.
Otro foco de la convocatoria es la reforma laboral. El proyecto, cuyo contenido aún genera hermetismo, buscará introducir modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo.
Uno de sus ejes es la limitación de las “zonas grises” que inciden en el cálculo de las indemnizaciones por despido, requiriendo que sea el trabajador quien deba acreditar la existencia de un daño.
Asimismo, la propuesta modificaría la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos y plantearía la prelación, para que los acuerdos por empresa o jurisdicción tengan prioridad sobre los convenios colectivos generales. Estas intenciones ya motivaron el llamado a un paro por parte de la central sindical ATE.
Por su parte, la reforma del Código Penal es un paquete extenso, compuesto por más de 900 artículos. Sus objetivos son intensificar la política criminal, actualizar las penas para delitos graves—como homicidio, robos, narcotráfico y trata de personas—y reducir la discrecionalidad de los magistrados.
El texto prevé que el cumplimiento efectivo de la pena alcance el 82% de los casos. Si bien se había evaluado incluir la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la versión actual la excluye. La Casa Rosada estudia la creación de una comisión bicameral para acelerar el dictamen y tratamiento del Código.
En materia económica, la reforma tributaria contempla la posibilidad de crear un “Súper IVA”, un mecanismo que permitiría a las provincias recaudar una porción de este impuesto, incentivando la competencia entre distritos para atraer inversiones.
Finalmente, la modificación de la Ley de Glaciares busca otorgar a cada provincia la capacidad de definir la distancia mínima para el desarrollo de actividades extractivas, como la minería, en zonas periglaciares.
Este punto se complementará con cambios en la Ley de Promoción Minera y en la Ley de Tierras, previendo nuevas limitaciones a la compra de suelo por parte de inversores extranjeros.
El extenso listado de reformas, sumado al corto plazo de las extraordinarias, sugiere que el proceso legislativo será complejo. El Gobierno ya planifica una segunda tanda de sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero y febrero, buscando concretar la sanción de los proyectos que no avancen en diciembre.
El Ejecutivo ha puesto en marcha un ambicioso paquete de transformaciones que impacta en las finanzas, el derecho laboral y el sistema penal. Dada la magnitud de las iniciativas y el limitado tiempo disponible, la capacidad de negociación con los gobernadores será un factor determinante para la sanción de estas leyes.
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