La Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a movilizarse este jueves 18 de diciembre desde las 15 en Plaza de Mayo contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno.
La Confederación General del Trabajo (CGT) llamó a movilizarse este jueves 18 de diciembre desde las 15 en Plaza de Mayo contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno.
La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará este jueves 18 de diciembre su primera protesta masiva contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional. La concentración principal está prevista para las 15 horas en la Plaza de Mayo, donde los tres secretarios generales de la central, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, realizarán los discursos de cierre frente a las columnas sindicales.
Esta movilización representa el debut operativo de la nueva jefatura cegetista, elegida el cinco de noviembre pasado.
La cúpula actual, que integran los representantes de los gremios del Seguro, el Vidrio y Camioneros, busca consolidar su liderazgo tras la salida de Pablo Moyano de la estructura de mando.
Bajo la consigna “Marchamos contra la reforma laboral“, la entidad busca posicionar los derechos laborales no como un costo, sino como la base de la producción y el crecimiento nacional.
El respaldo a la movilización se extendió más allá del ámbito gremial. En los días previos, la conducción de la central obrera mantuvo encuentros con legisladores de Unión por la Patria e intendentes bonaerenses vinculados a La Cámpora y al gobernador Axel Kicillof. Estos sectores confirmaron su presencia en la plaza, utilizando las estructuras partidarias de cada distrito para movilizar a sus columnas.
Por su parte, el Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo mantendrán una columna independiente. Si bien comparten el rechazo a la iniciativa oficial, estas agrupaciones realizarán un acto propio una vez que finalice la oratoria de la CGT, marcando una diferenciación política dentro de la jornada de protesta.
El conflicto tiene su origen en el proyecto que se debate en el Senado, el cual la central obrera califica como un intento de precarización. Entre los cambios propuestos se destaca la reducción del cálculo para indemnizaciones, la creación de un banco de horas para distribuir la jornada y la posibilidad de abonar salarios en especies o alimentos.
La iniciativa también contempla la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y de la obligatoriedad de las empresas como agentes de retención de la cuota sindical.
Mientras los gremios denuncian que estas medidas afectan directamente el salario y el empleo digno, desde el Poder Ejecutivo sostienen que estas modificaciones son necesarias para dinamizar el mercado privado.
La previa del evento estuvo marcada por cruces respecto al operativo de seguridad. La central sindical emitió un comunicado donde calificó la aplicación del protocolo antipiquetes como una provocación innecesaria. En el texto, los dirigentes exigieron que el Gobierno garantice la integridad física de los manifestantes y la libertad de expresión colectiva.
Desde la Casa Rosada ratificaron que las fuerzas federales actuarán para garantizar la circulación, aunque mostraron señales de apertura en el plano legislativo. La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, adelantó que el oficialismo está dispuesto a recibir sugerencias y que el proyecto original podría sufrir modificaciones antes de su votación final.
La jornada en la Plaza de Mayo medirá el peso real de la nueva conducción sindical frente a un programa de reformas que busca alterar las bases del derecho laboral argentino.
El interrogante principal radica en si la magnitud de la protesta forzará una negociación profunda en el Congreso o si el oficialismo logrará avanzar con el núcleo central de sus propuestas sin alteraciones sustanciales.
Organizaciones de la Iglesia católica solicitaron al Congreso rechazar el proyecto oficial sobre propiedad privada, alertando que facilita la extranjerización de tierras y recursos hídricos. Advirtieron que la iniciativa fomenta la especulación inmobiliaria y perjudica el acceso a la vivienda.
El FBI desarticuló un complot de extrema derecha para atacar con drones y francotiradores la Casa Blanca durante el cumpleaños de Donald Trump. Hay cinco detenidos y la investigación continúa para capturar a más sospechosos que permanecen prófugos.
Clínicas privadas de todo el país suspenderán la asignación de turnos a afiliados del PAMI por deudas estatales y aranceles desactualizados. La medida, que podría extenderse a cirugías programadas, expone las tensiones presupuestarias y fiscales del Gobierno nacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias debido a la violencia narco. La medida militariza las calles y suspende garantías constitucionales, generando alertas en organismos de derechos humanos.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum consideró probable reunirse en la capital con el rey Felipe VI de España, quien viajará al país por el Mundial de fútbol. El encuentro marcaría una distensión diplomática tras los reclamos por la Conquista.
La petrolera Repsol firmó un acuerdo con Venezuela para explorar crudo liviano en el Lago de Maracaibo. Impulsado por Delcy Rodríguez tras la flexibilización de sanciones estadounidenses, el convenio busca reactivar la producción petrolera nacional con inversión extranjera garantizada.
El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Haití para solidarizarse con la población ante la violencia de las pandillas. Exigió ayuda internacional urgente para frenar la crisis alimentaria y el desplazamiento masivo, mientras se despliega una nueva fuerza militar.
Alemania e India firmarán un acuerdo para construir submarinos de alta tecnología en Bombay. Según DW, el proyecto busca contener el avance naval de China y Pakistán en el Indo-Pacífico, diversificando la histórica dependencia bélica india de los proveedores rusos.
