El abogado Alejandro Henríquez y el líder José Pérez recibieron tres años de prisión excarcelable tras un proceso abreviado este miércoles. Los activistas, considerados presos de conciencia por la ONU, aceptaron cargos de resistencia para obtener su libertad condicional.
La justicia de El Salvador emitió este miércoles una sentencia condenatoria contra el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el dirigente comunitario José Ángel Pérez.
El Tribunal de Santa Tecla impuso una pena de tres años de prisión por los delitos de “resistencia agresiva” y “desorden público”. No obstante, debido a que la condena no superó el trienio, los señalados recibieron el beneficio de la libertad condicional.
Los hoy sentenciados permanecieron en detención desde mayo, tras participar en una manifestación en las proximidades de la residencia particular del presidente Nayib Bukele.
Durante dicha protesta, los activistas solicitaban la mediación del Poder Ejecutivo para detener el desalojo de una cooperativa campesina. Según denunciaron sus abogados defensores, los detenidos estuvieron incomunicados y con acceso restringido a asistencia legal.
La resolución judicial derivó de un “acuerdo” con la Fiscalía General de la República. Oswaldo Feusier, miembro del equipo de defensa, explicó que se optó por un proceso abreviado donde los acusados confesaron los hechos imputados. De acuerdo con el jurista, esta decisión respondió a la necesidad de asegurar la salida de prisión ante un sistema judicial que carece de garantías para un proceso justo.
Henríquez, quien integra el Foro del Agua, manifestó que no abandonará su labor en el acompañamiento a colectivos que enfrentan injusticias relacionadas con los recursos hídricos. A pesar de la libertad, la sentencia impone restricciones: los condenados no podrán participar en manifestaciones públicas.
Este caso generó el pronunciamiento de organismos internacionales. La ONU y Amnistía Internacional exigieron la anulación de los cargos, calificando a Henríquez y Pérez como “presos de conciencia”, denunciando la criminalización de la protesta social.
El escenario jurídico de El Salvador se encuentra bajo la lupa desde la implementación del régimen de excepción en 2022. Aunque la medida se diseñó contra las pandillas, organizaciones humanitarias señalan que se utiliza para procesar a voces críticas.
Actualmente, otros profesionales como la abogada Ruth López y el constitucionalista Enrique Anaya enfrentan procesos judiciales bajo acusaciones que sus defensores califican como políticas.
La resolución plantea una interrogante sobre el futuro de la disidencia organizada y los derechos humanos en el país.
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