El gobierno de Trump triplicó a 3.000 dólares el incentivo para migrantes que opten por la autodeportación antes de fin de año. El plan incluye pasajes gratuitos, aunque abogados advierten que la salida voluntaria no garantiza el reingreso legal futuro.
En un último esfuerzo por alcanzar sus metas de expulsión antes de que concluya el 2025, el gobierno de Donald Trump ha decidido incrementar drásticamente los beneficios económicos para los extranjeros que abandonen el país por su cuenta. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elevó a 3.000 dólares el subsidio otorgado a cada indocumentado que elija la autodeportación, una cifra que representa tres veces el monto ofrecido originalmente en mayo.
Además del pago en efectivo, la administración se compromete a costear el pasaje aéreo de retorno. Según la titular del área, Kristi Noem, esta medida busca convencer a quienes no poseen antecedentes penales de retirarse bajo la promesa de no recibir sanciones permanentes que les impidan, teóricamente, aplicar a visas legales en el futuro.
El eje central de esta política reside en la plataforma digital CBP Home, una herramienta que la actual gestión reconvirtió de forma estratégica. Lo que anteriormente funcionaba como un canal para gestionar pedidos de asilo, hoy opera como una oficina virtual destinada a tramitar egresos masivos del país. Al utilizar esta aplicación, los extranjeros pueden evadir diversas penalizaciones civiles, un incentivo que las autoridades han promocionado de forma controversial como un beneficio festivo. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional asegura que casi dos millones de ciudadanos ya han regresado a sus naciones de origen por esta vía durante el último año, persiste una falta de transparencia sobre las estadísticas reales, ya que no se han divulgado los registros detallados de los desembolsos efectuados ni de los pasajes aéreos financiados por el erario público.
A pesar de la retórica oficial que presenta la autodeportación como una vía “limpia”, expertos en leyes migratorias advierten que el plan podría ser una encrucijada legal. La legislación vigente estipula que cualquier persona que haya residido sin permiso más de un año en territorio estadounidense enfrenta una prohibición de reingreso por 10 años, independientemente de si su salida fue voluntaria o forzada.
Por otro lado, diversos testimonios de migrantes señalan irregularidades en el proceso, como demoras de semanas en centros de detención tras haber firmado el acuerdo de salida y demoras crónicas en el cobro de los incentivos prometidos. Con aproximadamente 605.000 deportaciones confirmadas hasta el momento, Trump intenta acelerar el ritmo para acercarse a su promesa de campaña de un millón de expulsiones en su primer año de mandato.
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