El Gobierno eliminó normas del INYM que sancionaban el exceso de palo y la falta de higiene en la yerba mate. Esta desregulación busca fomentar el libre mercado y la competencia, suprimiendo además la facultad del organismo para fijar precios.
El Gobierno eliminó normas del INYM que sancionaban el exceso de palo y la falta de higiene en la yerba mate. Esta desregulación busca fomentar el libre mercado y la competencia, suprimiendo además la facultad del organismo para fijar precios.
A través de la Resolución 146/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dispuso la anulación de normativas históricas que regían la producción y manufactura del producto. La decisión más trascendente es la eliminación de la Resolución 15/2003, un instrumento que permitía sancionar irregularidades críticas como el exceso de polvillo o palo, la detección de sustancias contaminantes y el incumplimiento de las reglas básicas de higiene durante el proceso de secado y estacionamiento.
Esta reforma administrativa implica que los controles sobre la presencia de semillas, materiales extraños o plagas en las plantas de elaboración dejarán de ser objeto de penalidades específicas por parte del organismo yerbatero. De igual modo, queda sin efecto la prohibición de reprocesar el palo, un subproducto que anteriormente se consideraba no apto para la ingesta humana. Con este giro, el Estado abandona la vigilancia estricta sobre estándares de salubridad y calidad que los molinos debían garantizar obligatoriamente hasta esta semana.
El nuevo marco normativo se alinea con el Decreto 812/2025, el cual ya había despojado al INYM de su facultad para fijar precios mínimos a la materia prima. Bajo esta premisa, la gestión actual busca limitar la influencia del instituto únicamente a la trazabilidad del producto, prohibiéndole cualquier tipo de intervención que pueda condicionar la oferta, la demanda o los valores de mercado. La medida garantiza la plena libertad para que productores y comercializadores pacten condiciones sin la mediación del ente regulador.
La desregulación ha generado un fuerte debate en las provincias productoras, ya que el Código Alimentario Argentino queda ahora como el único parámetro de referencia, pero sin las herramientas de inspección y castigo que el INYM ejercía de forma directa. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como un paso necesario para fomentar la competencia y eliminar barreras burocráticas, diversos sectores advierten sobre una posible caída en los estándares del producto que llega a las góndolas y una mayor vulnerabilidad para los pequeños cultivadores ante el libre mercado.
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