El Poder Ejecutivo ha decidido retomar la ambiciosa tarea de completar el máximo tribunal y cubrir más de un centenar de juzgados federales, tras los intentos fallidos de este año. Aunque la intención de normalizar el funcionamiento de la Corte —que hoy opera con solo tres integrantes— es firme, el interrogante que divide aguas en el oficialismo es el “cuándo”. Mientras algunos sectores del gabinete presionan para iniciar las gestiones en marzo de 2026, otros sugieren esperar al segundo semestre para evitar que el desgaste legislativo afecte el resto de la agenda económica.
Javier Milei ha sido categórico al señalar que no apresurará los nombramientos hasta no consolidar una mayoría propia que le permita prescindir del apoyo del kirchnerismo. El mandatario busca alcanzar los dos tercios de los votos en el Senado sin realizar concesiones políticas al sector liderado por Cristina Kirchner. Esta postura de prudencia busca evitar las críticas de aliados cercanos, como el PRO, que miran con desconfianza cualquier acercamiento entre la Libertad Avanza y el peronismo en órganos de control como la Auditoría General de la Nación (AGN).
A pesar del discurso público de distancia, los puentes técnicos no se han cortado. Figuras clave de la mesa política del Gobierno mantienen diálogos informales con referentes del peronismo para evaluar la viabilidad de una nómina extensa de candidatos que incluye no solo magistrados, sino también al futuro Procurador General. Sin embargo, el Ministerio de Justicia aún retiene más de 200 pliegos, una situación que agrava la parálisis institucional en los tribunales federales, donde las vacantes por jubilaciones y renuncias siguen acumulándose.
La resolución de esta encrucijada judicial dependerá del éxito que obtenga el oficialismo en las próximas sesiones legislativas, especialmente en torno al Presupuesto. Una victoria en las partidas fiscales le otorgaría al Presidente el capital político necesario para negociar con los gobernadores una renovación integral de la Justicia. Por ahora, la orden desde la Casa Rosada es priorizar la estabilidad parlamentaria antes de abrir un nuevo frente de batalla por el control del tercer poder del Estado.