El juez Carlos Rosenkrantz defendió la neutralidad de la Corte Suprema, rechazando que el tribunal persiga agendas políticas o causas de corrupción específicas. Subrayó que los tiempos procesales dependen de instancias inferiores y destacó la eficiencia récord del organismo en 2025.
A través de un reciente comunicado, el juez Carlos Rosenkrantz sentó posición sobre la naturaleza de la labor judicial frente a las causas de alto impacto político. El magistrado rechazó de plano que el máximo tribunal actúe bajo una agenda focalizada en la persecución de la corrupción, argumentando que tal enfoque desvirtuaría la esencia del sistema legal. Para el ministro, la neutralidad debe ser el valor absoluto que guíe cada resolución, evitando cualquier tipo de preferencia o animosidad personal hacia los protagonistas de los expedientes que llegan a su estrado.
El magistrado también ofreció precisiones sobre el ritmo de los procesos que involucran a figuras públicas, como la exmandataria Cristina Kirchner. Rosenkrantz explicó que la Corte no tiene la potestad de manipular los plazos procesales ni de impulsar arbitrariamente causas como “Cuadernos”. Según detalló, el avance de estos litigios en su etapa actual es responsabilidad exclusiva de los jueces de las instancias inferiores y de sus respectivos tribunales de superintendencia, desvinculando así a la cúpula judicial de cualquier intencionalidad política en el manejo de los tiempos.
En cuanto a la situación administrativa del organismo, el juez reconoció que su única preocupación real coincide con la falta de cobertura de las vacantes en el tribunal. Actualmente, tras el retiro de Juan Carlos Maqueda, la Corte funciona con solo tres de los cinco integrantes que exige la ley. Pese a esta composición reducida, el tribunal ha reportado una actividad sin precedentes durante 2025, alcanzando la cifra de 15.700 sentencias dictadas. Este incremento operativo se atribuye a una modernización integral que incluye el uso extendido del expediente electrónico y la digitalización de procesos para enfrentar la creciente demanda de justicia.
Finalmente, Rosenkrantz desmintió versiones que atribuían a la Corte planes para intervenir en la ejecución de bienes privados durante 2026, asegurando que tales afirmaciones carecen de fundamento institucional. El magistrado enfatizó que el tribunal debe limitarse a su rol de intérprete final de la Constitución Nacional y mediador en conflictos federales, manteniendo siempre una distancia prudencial de las disputas partidarias para preservar la integridad de la judicatura argentina.
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