A tres décadas y media del decreto 2741, la Argentina recuerda el momento en que la impunidad se transformó en política de Estado.
A tres décadas y media del decreto 2741, la Argentina recuerda el momento en que la impunidad se transformó en política de Estado.
El 29 de diciembre de 1990, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó una serie de medidas que sacudieron los cimientos de la joven democracia argentina. Bajo el argumento de una necesaria “reconciliación nacional” y la búsqueda de una “pacificación” definitiva, el Ejecutivo decidió otorgar el indulto a los excomandantes de las Juntas Militares que habían sido condenados en el histórico juicio de 1985. Figuras como Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Roberto Viola recuperaron una libertad que la sociedad civil consideraba un agravio a la memoria de las víctimas.
Este movimiento no fue un hecho aislado, sino la culminación de un proceso que ya había dado sus primeros pasos en 1989. Sin embargo, el decreto 2741 fue el más simbólico por su alcance: afectaba directamente a la cúpula del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, la medida buscaba equilibrar la balanza otorgando beneficios similares a líderes de organizaciones guerrilleras, intentando instalar una narrativa de “dos demonios” que el Poder Judicial ya había desarticulado con pruebas contundentes de un plan sistemático de exterminio estatal.
La respuesta de la calle fue inmediata y persistente. La memoria colectiva, motorizada por los organismos de derechos humanos, se negó a aceptar que la justicia pudiera ser canjeada por una estabilidad política frágil. Mientras los cuarteles celebraban el cierre de un ciclo, en las plazas se gestaba la base social que, tras la crisis de 2001, impulsaría la nulidad de estas normas. La historia demostró que la paz no se construye con decretos de olvido, sino con la plena vigencia de la ley.
Hacia el año 2003, el escenario político y social permitió que el Congreso declarara la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. No obstante, los indultos de Menem permanecieron como un escollo jurídico hasta que la Corte Suprema de Justicia, en 2010, confirmó su inconstitucionalidad. Este fallo ratificó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inindultables, cerrando así una herida institucional que el menemismo pretendió suturar con impunidad.
A la distancia, el decreto 2741 se analiza hoy no solo como un error político, sino como un síntoma de una época donde la institucionalidad fue sacrificada en favor de pactos de poder. La persistencia de los juicios en la actualidad es la prueba fehaciente de que el contrato social argentino se apoya en el pilar de Verdad y Justicia, elementos que ningún decreto puede borrar de la conciencia de un pueblo.
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