En la última conferencia de prensa del año, el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según el comunicado oficial, el organismo será absorbido por el Ministerio de Salud con el objetivo de eliminar “capas burocráticas” y sanear un sistema marcado por graves …
La medida implica un recorte del 45,7% en la estructura jerárquica de la antigua agencia, lo que se traduce en la eliminación de 16 cargos políticos de alta dirección. Adorni justificó la decisión describiendo a la Andis como un organismo que durante años funcionó con “descontrol administrativo”. Entre las anomalías detectadas, el vocero mencionó el cobro de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas, otorgamiento de beneficios sin documentación respaldatoria y facturaciones de organizaciones por servicios nunca prestados.
Desde el Gobierno enfatizaron que este traspaso busca garantizar la transparencia y trazabilidad de los expedientes mediante auditorías permanentes bajo criterios estrictamente sanitarios. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones”, aclaró Adorni, intentando llevar tranquilidad a los beneficiarios. La intención del Ejecutivo es centralizar la gestión en el Ministerio de Salud para profesionalizar la administración y eliminar la discrecionalidad en la entrega de recursos estatales.
Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto judicial sensible. La Andis se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades y un sistema de coimas que involucraría a su exdirector, Diego Spagnuolo. La causa tomó trascendencia pública tras la filtración de audios que sugerían nexos con figuras del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. El cierre del organismo es visto por analistas como un intento de la gestión Milei por desvincularse de un foco de conflicto ético y político antes del inicio del nuevo año.
Para el público adulto y las familias que dependen de las políticas de discapacidad, esta transición genera interrogantes sobre la agilidad en los trámites futuros. Si bien el Ministerio de Salud promete un control más riguroso, el desafío radicará en que la auditoría no se convierta en una barrera burocrática adicional para quienes necesitan asistencia urgente. El Gobierno, por su parte, ratifica que esta medida es un paso más en su plan de reducción del gasto público y lucha contra la corrupción estructural en las dependencias del Estado.
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