Bajo la gestión de Milei, Nación retuvo ATN equivalentes al 5,2% del superávit primario acumulado. Pese a la ley que ordena su reparto automático, el Ejecutivo mantiene la discrecionalidad, afectando las finanzas provinciales y utilizando los fondos para fortalecer el ahorro fiscal.
Durante el primer bienio de la administración de Javier Milei, el Estado Nacional ha retenido una suma considerable de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), consolidando un monto que representa el 5,2% del superávit primario total del sector público. Esta cifra, que ajustada por inflación alcanza los $1,8 billones de pesos, evidencia una marcada subejecución de los recursos destinados originalmente a las provincias. Mientras que en 2024 la cartera de Economía apenas liberó el 7,3% de estas partidas, durante el ciclo pasado la cifra ascendió ligeramente al 21,9%, dejando la mayor parte de los fondos bajo el control directo de la Casa Rosada para fortalecer el balance de las cuentas públicas centrales.
A pesar de que el Congreso Nacional sancionó una ley —ratificada incluso tras un veto presidencial— para automatizar la entrega de estos recursos, el Poder Ejecutivo ha evitado su implementación efectiva. Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño mantienen un reclamo unificado, argumentando que estos fondos no afectan el superávit ya que pertenecen genuinamente a las provincias por ley de coparticipación. La preocupación de los mandatarios locales se intensifica ante la posibilidad de una nueva reforma laboral y fiscal que reduzca la recaudación del Impuesto a las Ganancias, lo que profundizaría la asfixia financiera de las jurisdicciones del interior si Nación continúa utilizando los ATN como herramienta de ajuste o negociación política.
Históricamente, los ATN han carecido de criterios objetivos de asignación, funcionando como transferencias arbitrarias para atender emergencias. Sin embargo, los datos revelan que su uso suele oscilar según el calendario electoral o las necesidades parlamentarias. Tras un 2024 de mínima ejecución, el Ministerio de Economía flexibilizó los envíos a finales del año pasado, coincidiendo con el debate del Presupuesto 2026. Este comportamiento contrasta con períodos previos, como el récord de giros durante la pandemia en 2020 o los refuerzos enviados en 2023 por la gestión anterior para compensar cambios tributarios, evidenciando que el flujo de estos billetes ha sido tradicionalmente un termómetro de la relación entre el poder central y los distritos.
El análisis de las provincias que han recibido mayores partidas muestra un giro en las prioridades del Gobierno. Mientras que Buenos Aires y La Rioja lideraron las recepciones durante el mandato anterior, bajo la gestión de Milei se ha favorecido a distritos cuyos representantes mostraron mayor sintonía legislativa, como Misiones, seguida por Entre Ríos y Tucumán. De cara al futuro, el Presupuesto 2026 no refleja el esquema de coparticipación diaria y automática que exigen los gobernadores, lo que anticipa un año de intensas disputas judiciales y políticas por el control de una masa de recursos que resulta vital para el equilibrio financiero de las administraciones provinciales.
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