El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de urgencia este lunes para analizar el bombardeo estadounidense contra Venezuela y la captura del expresidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. La mayoría de países latinoamericanos condenaron la acción mientras otros la respaldaron por motivos de narcotráfico.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) sesionó de urgencia este lunes para examinar las consecuencias de la acción militar ejecutada por Estados Unidos en Venezuela. Durante el encuentro, la secretaria general adjunta para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, transmitió la “profunda preocupación” del Secretario General, António Guterres, ante el bombardeo de Caracas (capital venezolana) y otras localidades en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.
La intervención, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según el mandatario norteamericano, el objetivo de la operación fue detener a Maduro para ser procesado por cargos de narcotráfico en tribunales de su país.
Este hecho motivó una denuncia inmediata por parte de la ONU sobre el incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.
La mayoría de las delegaciones latinoamericanas calificaron el suceso como un precedente alarmante para la estabilidad hemisférica. El representante de Brasil rechazó la intervención al considerarla una violación de la soberanía, mientras que México y Chile instaron a respetar la autodeterminación de los pueblos.
Por su parte, la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata, advirtió que estas acciones militares amenazan la preservación de la región como una zona de paz y evocan periodos de injerencia.
En la otra acera, los gobiernos de Argentina y Paraguay expresaron su respaldo a la incursión. El diplomático argentino justificó la medida al calificar a Maduro como un dictador y líder de organizaciones terroristas, asegurando que su captura representa un avance significativo contra el crimen organizado. Paraguay coincidió en que la salida del liderazgo chavista es necesaria para restaurar el Estado de derecho en el país caribeño.
Desde la perspectiva de Venezuela, el embajador Samuel Moncada denunció la captura como un secuestro de un jefe de Estado. Moncada argumentó que la agresión responde a una lógica neocolonial interesada en el control de las riquezas naturales venezolanas. Esta visión fue respaldada por los delegados de China y Rusia, quienes condenaron lo que llamaron el “gendarme global estadounidense” y exigieron el fin de las prácticas de coacción externa.
En respuesta, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo que no existe una ocupación ni una guerra contra el pueblo venezolano. Waltz insistió en que se trató de una “acción policial” contra un prófugo de la justicia, argumentando que Maduro carecía de legitimidad presidencial tras las cuestionadas elecciones de 2024.
El debate en el organismo internacional concluye sin un consenso claro, pero con una advertencia sobre la vigencia del derecho internacional. ¿Representa esta captura un nuevo estándar en la justicia transnacional o el inicio de una etapa de inestabilidad donde el poder militar prevalece sobre la diplomacia multilateral?
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