La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia rechazó las acusaciones de la IGJ sobre irregularidades contables y denunció una “instrumentalización” del Estado para ejercer presión política. En un comunicado, defendió la legalidad de sus balances desde 2017 y aseguró que el cambio de jurisdicción fue fiscalizado y certificado por el propio organismo.












