La visita de la vicepresidenta a las zonas afectadas por los incendios profundizó la grieta con el Ejecutivo. Mientras Villarruel impulsa desde el terreno un endurecimiento de penas para quienes inicien fuego, en el entorno de Javier Milei califican la movida como un intento de “dañar” la gestión y construir un perfil político propio.
El desembarco de Victoria Villarruel en Chubut ha vuelto a exponer la fragilidad del vínculo entre los integrantes de la fórmula presidencial. Tras interrumpir su descanso en Monte Hermoso, la vicepresidenta recorrió por tierra Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, dos de los puntos más críticos por el avance de las llamas. Para la Casa Rosada, este viaje no fue un gesto de solidaridad institucional, sino un acto de “desesperación por sobrevivir políticamente” y una maniobra para marcar un contraste con el presidente Javier Milei, quien aún no ha visitado la zona afectada.
Desde el entorno de la vicepresidenta defienden la recorrida como parte de su función federal y utilizaron la ocasión para anunciar que propondrá en el Senado una reforma del Código Penal. La iniciativa busca agravar las penas con cárcel efectiva para quienes provoquen incendios, enfatizando que “quien delinque debe responder”, sin distinciones ideológicas. Esta postura marcó un matiz con la narrativa del Ministerio de Seguridad, que intentó vincular inicialmente los focos con grupos mapuches, una hipótesis que fue desestimada por la justicia local.
La tensión escaló a niveles públicos cuando surgieron versiones cruzadas sobre el uso de recursos logísticos. Funcionarios nacionales sugirieron que Villarruel solicitó un helicóptero oficial para sobrevolar la zona, pedido que habría sido denegado bajo el argumento de que todos los medios deben destinarse exclusivamente al combate del fuego. Desde el Senado negaron rotundamente dicha solicitud, calificando la versión como una operación de prensa de la Casa Rosada. “No están al servicio de la alta política”, lanzó con ironía el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, alimentando el fuego cruzado en redes sociales.
A nivel político, el viaje también impactó en la relación con el gobernador Ignacio Torres. Aunque no se cruzaron debido a agendas descoordinadas, Torres mantiene una sintonía fina con la vicepresidenta en la necesidad de endurecer las leyes ambientales. Sin embargo, el Gobierno nacional intentó recuperar la iniciativa enviando al ministro del Interior, Diego Santilli, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para mañana miércoles. La jugada oficialista busca opacar la presencia de Villarruel y reafirmar que la gestión operativa de la crisis está en manos exclusivas del Ejecutivo nacional.
Este nuevo cortocircuito se produce en un contexto de fuertes críticas opositoras por la subejecución presupuestaria en el manejo del fuego. Según informes recientes, el Gobierno dejó sin ejecutar el 25% de los fondos asignados para 2025, lo que suma presión a una gestión que intenta mostrar eficiencia en medio de la emergencia. Mientras las llamas siguen consumiendo hectáreas en la Patagonia, la política parece arder con la misma intensidad en Buenos Aires, dejando a la vista que la unidad del binomio presidencial es hoy, más que nunca, una ficción insostenible.
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