Reforma laboral: la CGT se distancia del debate en el Senado

La CGT rechazó integrar la mesa técnica del Senado para discutir la reforma laboral, denunciando recortes en derechos y fondos sindicales. Mientras el oficialismo busca apoyo de gobernadores ante el impacto fiscal, los gremios coordinan acciones para frenar la ley.

Arguello, Jerónimo y Sola, triunvirato de la CGT. (Foto: Archivo NA)

El oficialismo pondrá en marcha este viernes una instancia de revisión técnica en la Cámara Alta para perfeccionar el proyecto de modernización laboral, con la meta de sancionarlo durante la extensión de las sesiones extraordinarias en febrero. Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT) declinó la invitación a integrar este espacio de trabajo. Desde la cúpula sindical argumentan que la iniciativa ya cuenta con una redacción cerrada que vulnera conquistas históricas, como el derecho a huelga y la estabilidad de los fondos destinados a las obras sociales, por lo que consideran que su presencia solo serviría para legitimar una propuesta en la que no tuvieron voz previa.

Mientras la central obrera activa una agenda de encuentros con mandatarios provinciales para bloquear la medida, el Gobierno de Javier Milei redirige sus esfuerzos hacia los gobernadores. Para los líderes regionales, la preocupación principal no reside solo en lo normativo, sino en el impacto fiscal: temen que la reestructuración del Impuesto a las Ganancias incluida en el paquete profundice la caída de la coparticipación, restando recursos vitales a sus administraciones. Ante este escenario, la senadora Patricia Bullrich encabezará las mesas de diálogo buscando flexibilizar el dictamen original y así asegurar los votos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el recinto.

En paralelo a la discusión parlamentaria, el Poder Ejecutivo ha desplegado una intensa gestión política liderada por figuras del gabinete que recorren el interior del país para sumar adhesiones. Pese a que el Ministerio de Economía intenta calmar a las provincias con informes que proyectan un impacto fiscal diferido hacia 2027, la resistencia gremial y las dudas fiscales mantienen el futuro de la ley bajo un manto de incertidumbre. La negociación entra ahora en una fase crítica de diez días, donde la Casa Rosada deberá equilibrar las exigencias de sus aliados territoriales con la firme postura de rechazo del bloque sindical.

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