Dos empleados legislativos fueron detenidos por liderar una organización coercitiva y violentar a cinco mujeres. La Justicia investiga si funcionarios del área de Género y Seguridad encubrieron los ataques ocurridos en oficinas legislativas y domicilios privados mediante manipulación espiritual y laboral.
El 29 de diciembre, la Policía detuvo a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz en su domicilio de La Plata. Los acusados, empleados de planta permanente de la Cámara de Senadores provincial, enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal y participación necesaria. Según la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2, a cargo de Betina Lacki, los sospechosos utilizaban su posición en la agrupación política Movimiento Ciudadano La Capitana para captar a jóvenes, algunas menores de edad al inicio de los hechos en 2015.
Los testimonios de las víctimas describieron un sistema de sometimiento basado en creencias espirituales. Rodríguez se autodenominaba como un líder místico, mientras que Silva Muñoz actuaba como instructora.
La organización, denominada “La Orden de la Luz“, utilizaba correos electrónicos para impartir órdenes y prohibiciones de contacto con otros varones. Las denunciantes relataron ante la Justicia situaciones de violencia física, amenazas con armas blancas y rituales de castigo.
El juez de Garantías, Juan Pablo Masi, señaló que los imputados encerraban a las mujeres en domicilios particulares y en oficinas del Senado para perpetrar los abusos.
El caso generó tensión institucional debido a las denuncias de falta de protección. Las víctimas señalaron que buscaron auxilio en el área de Género del Senado y en el Ministerio de Seguridad bonaerense sin obtener respuestas efectivas.
En este marco, se investiga la actuación de una funcionaria que se habría presentado como abogada de las denunciantes para demorar el avance de la causa judicial.
Según los representantes legales actuales, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, se perdieron pruebas digitales clave durante ese periodo, aunque parte del material fue recuperado por las propias denunciantes.
La Cámara de Senadores todavía no remitió el informe solicitado por la fiscalía sobre las condiciones de contratación de los acusados, quienes llevarían más de diez años en la institución.
Mientras se realizan peritajes a los dispositivos electrónicos secuestrados, la Justicia extendió la detención de la pareja por quince días. Los investigadores no descartaron la aparición de nuevas víctimas, dado que el patrón de conducta identificado sugiere una práctica sistemática de captación en ámbitos educativos y militantes.
Este proceso judicial plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno en los poderes del Estado. ¿Cuántas instancias de supervisión fallaron para que una organización de estas características operara durante casi una década en el corazón legislativo de la provincia de Buenos Aires?
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