Irregularidades y presunto encubrimiento
El caso generó tensión institucional debido a las denuncias de falta de protección. Las víctimas señalaron que buscaron auxilio en el área de Género del Senado y en el Ministerio de Seguridad bonaerense sin obtener respuestas efectivas.
En este marco, se investiga la actuación de una funcionaria que se habría presentado como abogada de las denunciantes para demorar el avance de la causa judicial.
Según los representantes legales actuales, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, se perdieron pruebas digitales clave durante ese periodo, aunque parte del material fue recuperado por las propias denunciantes.
Situación procesal y laboral
La Cámara de Senadores todavía no remitió el informe solicitado por la fiscalía sobre las condiciones de contratación de los acusados, quienes llevarían más de diez años en la institución.
Mientras se realizan peritajes a los dispositivos electrónicos secuestrados, la Justicia extendió la detención de la pareja por quince días. Los investigadores no descartaron la aparición de nuevas víctimas, dado que el patrón de conducta identificado sugiere una práctica sistemática de captación en ámbitos educativos y militantes.
Este proceso judicial plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno en los poderes del Estado. ¿Cuántas instancias de supervisión fallaron para que una organización de estas características operara durante casi una década en el corazón legislativo de la provincia de Buenos Aires?