El joven de 20 años se negó a declarar ante el fiscal Carlos Russo por el presunto abuso de su hermanastra de 13 años ocurrido en una vivienda de la calle Vignolo tras ser detenido el martes pasado.
El joven de 20 años se negó a declarar ante el fiscal Carlos Russo por el presunto abuso de su hermanastra de 13 años ocurrido en una vivienda de la calle Vignolo tras ser detenido el martes pasado.
El imputado por someter a su hermanastra durante casi una década compareció ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 en los Tribunales marplatenses. El joven de 20 años, tras mantener una entrevista previa con la defensa oficial, optó por ejercer su derecho constitucional de no prestar declaración.
Luego de la audiencia en el edificio judicial, las autoridades ordenaron su traslado inmediato a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la instrucción de la causa.
La detención fue efectuada por efectivos del Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI. Los cargos que pesan sobre el detenido fueron calificados como abuso sexual agravado por la situación de convivencia preexistente. Según la investigación, los ataques habrían comenzado hace años y se habrían extendido hasta junio del año pasado, en un contexto de vulnerabilidad para la menor de edad.
La causa judicial tomó un giro determinante gracias a la intervención del ámbito educativo. La hermana de la víctima, al tomar conocimiento de los hechos, relató la situación a las autoridades de su colegio. Los profesores, en cumplimiento de los protocolos vigentes, radicaron la denuncia penal que permitió la intervención de la Justicia de Garantías y la posterior detención del sospechoso.
Anteriormente, la víctima habría intentado buscar auxilio en su entorno directo. El expediente indica que la menor relató lo sucedido a su padre en 2020. Sin embargo, la respuesta del progenitor y de la madre del acusado fue la de responsabilizar a la niña por los hechos ocurridos. Esta desprotección familiar obligó a la justicia a dictar una orden de restricción que actualmente abarca a todo el grupo conviviente y que continúa vigente hasta hoy.
El historial de violencia se remonta al momento en que ambas familias comenzaron a convivir. La víctima denunció que los primeros abordajes ocurrieron cuando ella tenía siete años y el acusado catorce, coincidiendo con el compromiso de sus padres.
La situación escaló en gravedad durante el año 2024, cuando la convivencia en la vivienda se volvió permanente y los abusos se intensificaron, derivando en acceso carnal.
Actualmente, el Ministerio Público Fiscal recolecta pruebas adicionales para elevar la causa a juicio. Por su parte, la víctima recibe asistencia psicológica integral por parte de organismos estatales para abordar las secuelas de un entorno que, lejos de protegerla, optó por el silencio durante años.
El caso deja abierta la interrogante sobre la efectividad de los juzgados de familia, que ya tenían registros del conflicto desde 2018. ¿Cuántas señales deben acumularse en los expedientes oficiales antes de que el sistema judicial actúe de manera preventiva en casos de abuso intrafamiliar?
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