Siete hermanos denunciaron agresiones sexuales continuadas por parte de su tío en la ciudad de Santa Fe, quien prestaba servicios en los tribunales provinciales y fue imputado por delitos graves contra la integridad sexual.
Siete hermanos denunciaron agresiones sexuales continuadas por parte de su tío en la ciudad de Santa Fe, quien prestaba servicios en los tribunales provinciales y fue imputado por delitos graves contra la integridad sexual.
Tribunales de Santa Fe se convirtieron en el escenario de una imputación penal contra un miembro de las fuerzas de seguridad provincial. El juez Nicolás Falkenberg dictó la prisión preventiva para el agente policial R.M.L., tras una solicitud presentada por los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La medida cautelar se ordenó en el marco de una investigación por múltiples delitos contra la integridad sexual en perjuicio de siete de sus sobrinos, cuatro varones y tres mujeres, quienes eran menores de edad al momento de los hechos.
Paralelamente, la defensa técnica del imputado, ejercida por los abogados Lucía Mognaschi y Raúl Sánchez Lecumberri, solicitó el rechazo de las medidas al argumentar que los ilícitos denunciados se encontraban prescriptos debido al tiempo transcurrido.
No obstante, el magistrado desestimó el planteo para uno de los episodios específicos. Según explicó la fiscal Galeano, el tribunal consideró aplicable la denominada ley Piazza, normativa que suspende los plazos de prescripción y habilita a las víctimas de delitos sexuales a denunciar los hechos al alcanzar la mayoría de edad.
Conforme a las constancias del expediente judicial, las agresiones ocurrieron entre mediados de la década de 1990 y el año 2014 en una vivienda del barrio Guadalupe, donde residía la abuela de los denunciantes.
El proceso penal comenzó a partir de la declaración de una de las sobrinas, quien relató ante las autoridades los abusos sufridos cuando tenía entre 13 y 15 años. Esta presentación inicial motivó la intervención de la fiscalía, que posteriormente convocó a los demás integrantes del núcleo familiar.
Entrevistas realizadas por los investigadores a ocho hermanos revelaron que siete de ellos coincidieron en señalar al mismo familiar como agresor. Los testimonios incorporados a la causa describieron que los hechos se registraban cuando los niños quedaban bajo el cuidado del imputado, frecuentemente en contextos de juegos o proyecciones de películas, y bajo amenazas explícitas para evitar que relataran lo sucedido.
Además, los fiscales sostienen que existieron maniobras de manipulación psicológica que generaron confusión y culpa en los afectados durante años.
Cabe destacar que el imputado cumplía tareas operativas dentro de las sedes judiciales de la capital santafesina. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, debido a su cargo, el agente participaba en el traslado de menores de edad hacia los dispositivos de Cámara Gesell y presenciaba debates orales vinculados a delitos sexuales.
Los representantes del MPA advirtieron que dicha condición técnica fundamentó la necesidad de la prisión preventiva, ante el riesgo de interferencia en el proceso y la posibilidad de que existan otras víctimas.
Respecto de las calificaciones legales, la fiscalía atribuyó al policía la autoría de un caso de abuso sexual con acceso carnal, cinco hechos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, y un caso de abuso sexual simple agravado.
En la totalidad de los hechos se aplicó el agravante de la guarda de los menores, sumado al delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, quienes tenían menos de 13 años al momento de los primeros ataques. Las autoridades continúan con el peritaje de los elementos secuestrados en el domicilio del detenido.
La resolución judicial reabre el debate técnico sobre la aplicación de los plazos de prescripción en delitos de larga data y el rol de control sobre el personal policial asignado a dependencias sensibles del Poder Judicial.
Resta determinar si las pericias complementarias aportarán nuevos elementos a una causa que cuestiona los mecanismos de detección temprana del abuso intrafamiliar.
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