Un crimen que marcó al periodismo y aún interpela a la libertad de prensa y marca los límites de la democracia.
Un crimen que marcó al periodismo y aún interpela a la libertad de prensa y marca los límites de la democracia.
A casi tres décadas del asesinato de José Luis Cabezas, el fotoperiodismo argentino vuelve a ser un territorio atravesado por la memoria, la advertencia y el reclamo. El crimen del reportero gráfico de la revista Noticias no solo sacudió a la sociedad en 1997: se convirtió en un punto de quiebre que expuso los vínculos entre poder político, negocios oscuros y violencia institucional. También dejó una enseñanza persistente: cuando se ataca a un fotógrafo, no se busca borrar una imagen, sino limitar el derecho colectivo a saber.
Cada 25 de enero, el nombre de Cabezas regresa como símbolo. Tenía 35 años cuando fue secuestrado, torturado y asesinado en General Madariaga. Su cuerpo apareció dentro de su auto incendiado, con disparos en la nuca. La investigación reveló que el crimen estuvo ligado a una fotografía: la imagen de Alfredo Yabrán, uno de los empresarios más influyentes y herméticos de los años noventa, cuya figura evitaba toda exposición pública.
En el verano de 1996, Cabezas logró retratarlo caminando por la playa de Pinamar junto a su esposa. En ese tiempo, la dirigencia política y empresarial se movía en la costa bonaerense como en un escenario de privilegios y acuerdos silenciosos. Yabrán construía su imperio desde las sombras, con negocios en logística, correos privados y depósitos fiscales. “Una foto es como un tiro en la frente”, había dicho alguna vez. Cabezas, con su cámara, rompió ese pacto de invisibilidad.
Un año después, el fotógrafo volvió a cubrir la temporada. El clima era tenso: amenazas, presiones y un conflicto creciente entre Yabrán y el entonces ministro Domingo Cavallo, que lo había denunciado como jefe de una estructura mafiosa. El asesinato llegó como mensaje disciplinador: el poder también podía matar para preservar su opacidad.
La causa judicial demostró que el crimen fue planificado por Gustavo Prellezo, un oficial de la Policía Bonaerense vinculado a la seguridad del empresario, con la participación de la banda conocida como “Los Horneros”. Hubo zonas liberadas, encubrimientos y una cadena de complicidades que dejó al descubierto el funcionamiento de la llamada “maldita policía”. Diez personas fueron condenadas en un fallo considerado histórico. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de los responsables recuperaron la libertad. Yabrán se suicidó en 1998, cuando estaba por ser detenido.
Pero el caso no cerró en tribunales. Se transformó en un reclamo social masivo. La consigna “No se olviden de Cabezas” cubrió calles, redacciones y plazas. La presión colectiva evitó que el crimen quedara sepultado y, como señaló la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), marcó un límite para quienes pretendían ejercer el poder sin control, con violencia e impunidad.
Ese límite, sin embargo, vuelve a ponerse a prueba. ARGRA recordó que el 12 de marzo pasado, durante una manifestación en Plaza Congreso, el fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad de manera deliberada. Según denunciaron, el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero fue respaldado por su fuerza y por la entonces ministra Patricia Bullrich, mientras el Poder Ejecutivo se desentendía del hecho. Hoy, Guerrero se encuentra procesado por lesiones gravísimas y el protocolo antidisturbios utilizado en ese operativo fue declarado ilegal por la Justicia.
“Otra vez son las víctimas y la ciudadanía quienes sostienen el reclamo”, advirtió la organización. Para el fotoperiodismo, la democracia no es solo un sistema electoral: es también la garantía concreta de poder trabajar sin ser blanco de la represión. Reclamar justicia no debería implicar un riesgo. Ejercer el periodismo tampoco.
La historia de Cabezas y las agresiones actuales muestran una continuidad inquietante: cuando el Estado o las fuerzas de seguridad se convierten en amenaza, la libertad de expresión se deteriora. La violencia contra reporteros gráficos no es un accidente aislado, sino un síntoma de algo más profundo: el intento de controlar el relato público mediante el miedo.
A 29 años del asesinato, Cabezas sigue siendo más que un nombre. Es una frontera. Un recordatorio de que la democracia se defiende también con una cámara en la mano y con una sociedad dispuesta a no mirar hacia otro lado. Porque cada foto que incomoda al poder puede ser, todavía hoy, un acto de resistencia.
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