Al cumplirse el plazo legal de 60 días, la Casa Blanca afirma que las hostilidades han concluido gracias al cese al fuego, desatando una fuerte polémica jurídica en Washington.
Al cumplirse el plazo legal de 60 días, la Casa Blanca afirma que las hostilidades han concluido gracias al cese al fuego, desatando una fuerte polémica jurídica en Washington.
Este viernes 1 de mayo de 2026 se cumple un plazo crítico para la política exterior de los Estados Unidos. Según la Ley de Poderes de Guerra, el presidente Donald Trump tenía hasta hoy para solicitar formalmente al Congreso la autorización para continuar el conflicto contra Irán.
Sin embargo, en una jugada que combina semántica legal y estrategia política, la Administración ha declarado que la guerra, técnicamente, ya ha terminado.
Desde la Casa Blanca, la postura es clara: no hay necesidad de pedir permiso para una guerra que ya no existe. Un alto funcionario, bajo estricto anonimato, aseguró que “las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero (entre Estados Unidos e Irán) han terminado” a efectos de la normativa vigente.
La justificación reside en que Washington y Teherán no han intercambiado ataques directos desde que se estableció el cese al fuego el pasado 7 de abril.
En esta misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Congreso la idea de que el estado actual de no-agresión “suspende o detiene” el reloj de los 60 días.
Para el Pentágono, la desescalada actúa como un paréntesis legal que exime al mandatario de someter su estrategia militar al voto de los legisladores.
La interpretación del Ejecutivo no ha caído bien en el Capitolio, donde incluso aliados republicanos muestran grietas. La senadora Susan Collins fue contundente al respecto, remarcando que “ese plazo límite no es una sugerencia, sino un requisito”.
Collins, quien ya ha votado a favor de limitar la acción militar sin aval legislativo, lidera la preocupación por el precedente que esta interpretación podría sentar.
Por el lado de la oposición, el senador demócrata Tim Kaine contrapuso directamente la visión de Hegseth: “No creo que la ley respalde eso. Creo que los 60 días podrían vencer mañana y eso planteará una cuestión jurídica realmente importante para la Administración”.
La notificación oficial de la campaña militar se realizó el 2 de marzo. De no aceptarse la tesis del “pausa” por alto el fuego, el presidente estaría obligado por ley a desescalar la guerra de inmediato.
Mientras la Casa Blanca intenta estirar los plazos mediante tecnicismos, el Congreso se prepara para una batalla legal que definirá no solo el futuro de la relación con Irán, sino el alcance del poder presidencial en el siglo XXI.
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