El peso del lobby minero y el peligro en los glaciares

La discusión por la Ley de Glaciares volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública y el sector minero salió a defender las modificaciones que impulsa el Gobierno. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) difundió un comunicado en el que sostuvo que los cambios propuestos no significan un retroceso ambiental, sino una “aclaración técnica” destinada a garantizar una protección efectiva de los glaciares que cumplen una función hídrica relevante.

Según la entidad empresaria, el debate se está dando en un clima de “confusión” y con críticas que, a su entender, no siempre se basan en datos concretos sobre el impacto real de la minería. En ese marco, CAEM reafirmó su “compromiso con la protección de glaciares y del ambiente periglacial” y aseguró que la actividad se desarrolla bajo criterios de sustentabilidad, sin poner en riesgo las reservas de agua necesarias para comunidades y otras economías regionales.

Uno de los principales argumentos del sector es el consumo de agua. De acuerdo con estimaciones presentadas por la cámara, cerca del 93% del recurso hídrico se destina a la agricultura, mientras que el 7% restante corresponde a usos industriales. Dentro de ese porcentaje, la minería explicaría apenas alrededor del 1%, por lo que —según CAEM— su incidencia sería mínima frente a otros sectores productivos.

Además, destacaron que una parte significativa del agua utilizada en los proyectos se recupera mediante sistemas cerrados. La cámara indicó que entre el 70% y el 90% del recurso empleado se recircula dentro de las plantas, reduciendo la presión sobre fuentes naturales y mejorando la eficiencia hídrica en los procesos extractivos.

Otro eje del comunicado fue el marco de controles ambientales. La CAEM recordó que los proyectos mineros deben presentar estudios de impacto ambiental en el marco de la Ley 24.585, con actualizaciones periódicas y auditorías provinciales. También mencionaron instancias de participación comunitaria y monitoreo con universidades u organismos técnicos en determinadas jurisdicciones.

A esto se suman, según el sector, estándares internacionales que funcionan como “capas adicionales de control”, entre ellos esquemas como ISO, IRMA, ICMM y programas específicos de sostenibilidad aplicados por empresas globales. Para la cámara, estos protocolos fortalecen la gestión ambiental y contribuyen a un uso más responsable del agua.

La controversia se da en torno a la Ley 26.639, sancionada hace 15 años, que estableció presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambiente periglacial. La norma prohibió actividades que puedan afectarlos, creó el Inventario Nacional de Glaciares y fijó restricciones particularmente sensibles para minería e hidrocarburos.

El debate se reactivó luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto de modificación presentado como “interpretativo”. La iniciativa plantea limitar la protección estricta a los glaciares y zonas periglaciales que funcionen como reserva hídrica o recarga de cuencas. Organizaciones ambientalistas y sectores académicos advierten que esto podría flexibilizar los estándares actuales.

Desde CAEM, en cambio, sostienen que la legislación vigente deja márgenes demasiado amplios, especialmente en la definición del ambiente periglacial, lo que incluiría formaciones sin función hídrica relevante. Para el sector, esto genera restricciones innecesarias, inseguridad jurídica y pérdida de previsibilidad para inversiones a largo plazo.

Mientras el Congreso mantiene abierto el debate, el posicionamiento de la cámara minera deja en evidencia que la Ley de Glaciares no solo es un tema ambiental: también se juega allí el modelo de desarrollo, el peso del lobby productivo y la tensión permanente entre protección de recursos estratégicos e impulso económico.