Mediante el Decreto 80/2026, el Ejecutivo nacional incluyó a la provincia santacruceña en la emergencia ígnea tras el avance del fuego en Los Glaciares. La medida responde a una crisis climática que ya superó la capacidad de respuesta local.
Mediante el Decreto 80/2026, el Ejecutivo nacional incluyó a la provincia santacruceña en la emergencia ígnea tras el avance del fuego en Los Glaciares. La medida responde a una crisis climática que ya superó la capacidad de respuesta local.
En un contexto de extrema fragilidad ambiental, el Gobierno nacional formalizó este lunes la ampliación de la emergencia ígnea a la provincia de Santa Cruz, declarando además como “zona de desastre” a los territorios afectados. La decisión, plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, llega tras la omisión inicial de la provincia en la declaración del pasado 30 de enero, lo que había generado fuertes reclamos de las autoridades locales. Con esta medida, Santa Cruz se suma a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, consolidando un bloque de asistencia federal para enfrentar una de las temporadas de incendios más feroces de la última década.
El epicentro de la tragedia se sitúa en el Parque Nacional Los Glaciares, donde los focos ígneos —originados en gran medida por la intensa actividad eléctrica— han devastado áreas de altísimo valor ecológico. El decreto oficial reconoce que las condiciones hidrometeorológicas, marcadas por una sequía prolongada y temperaturas que superan ampliamente los promedios históricos, han configurado un escenario donde la capacidad operativa de los brigadistas locales se vio completamente superada. La normativa habilita ahora la intervención directa de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordinará el despliegue de recursos humanos y técnicos desde el Ministerio de Seguridad.
La declaración de “zona de desastre” no es un mero tecnicismo; representa una herramienta jurídica que permite al Estado nacional implementar medidas financieras y operativas de excepción. Esto incluye desde el envío de fondos extraordinarios para los cuerpos de bomberos voluntarios hasta la simplificación de trámites administrativos para la compra de insumos y la contratación de medios aéreos. Según estimaciones preliminares, los incendios en la región ya han afectado miles de hectáreas, amenazando no solo el patrimonio natural protegido por la UNESCO, sino también la infraestructura y la vida de las poblaciones cercanas.
La gravedad de la situación ha obligado al Ejecutivo a recurrir al DNU, argumentando que la urgencia de los focos activos hace imposible esperar los tiempos del trámite legislativo ordinario. Mientras el fuego avanza, la Patagonia se enfrenta a un desafío estructural: la necesidad de una política de prevención que trascienda la coyuntura del verano. Por ahora, el objetivo es contener el avance de las llamas y asistir a las comunidades evacuadas, en un febrero que ha comenzado con la cordillera bajo una persistente y asfixiante columna de humo.
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