Incertidumbre judicial por el futuro del Luna Park

La Justicia porteña debe decidir si suspende la demolición del Luna Park tras denuncias de organizaciones civiles. El proyecto, aprobado por la Ciudad, es acusado de violar leyes patrimoniales al destruir el interior del Monumento Histórico para aumentar su capacidad comercial.

Luna Park. Foto: BA.

La magistrada Natalia Tanno se encuentra en una etapa decisiva para determinar si frena de manera definitiva el proyecto de reconstrucción del emblemático Palacio de los Deportes. Tras haber dictado una medida precautelar que paralizó las tareas de desmantelamiento en noviembre, la jueza debe resolver ahora si otorga una cautelar de no innovar. Esta acción judicial busca impedir que el inmueble, reconocido como Monumento Histórico Nacional, sufra daños irreversibles mientras se dirime si la autorización otorgada por la administración de la Ciudad de Buenos Aires se ajusta a las leyes de protección patrimonial.

El conflicto escaló luego de que diversos colectivos vecinales y especialistas en derecho constitucional denunciaran que el plan de DF Entertainment, avalado por el Arzobispado, excede los límites permitidos por el Código Urbanístico. Los demandantes sostienen que la obra no es una simple remodelación, sino una demolición casi total que incrementaría la superficie y el aforo del recinto de forma ilegal. Según los peritajes presentados en el expediente, la intervención transformaría el estadio en una estructura moderna que perdería su esencia histórica, convirtiendo su fachada en un mero envoltorio vacío y vulnerando la doble tutela estatal que protege al edificio.

En el ámbito político y jurídico, la causa está rodeada de suspicacias debido a la supuesta proximidad de la magistrada con el Ejecutivo porteño. Además, se han denunciado maniobras procesales sospechosas para que el caso recayera específicamente en su juzgado. Mientras las organizaciones civiles aclaran que no se oponen a la modernización tecnológica del Luna Park, exigen que cualquier reforma respete la integridad del monumento. La resolución final sentará un precedente sobre si los intereses comerciales de explotación masiva pueden prevalecer sobre la conservación de la identidad arquitectónica de la Capital.

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