En 2025, la inversión real directa del Gobierno nacional en las provincias fue la segunda más baja de los últimos 30 años. Bajo la premisa de “motosierra y superávit”, la Casa Rosada recortó partidas para obra pública y equipamiento, profundizando la brecha financiera con los gobernadores y rediseñando el mapa de la infraestructura federal.










