La Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), empresa responsable de varios productos SanCor. Con dos plantas industriales y una red logística clave, el cierre impacta directamente en 400 trabajadores y genera preocupación en la industria láctea argentina.
Emitió un comunicado para informarles a los socios la complejidad de las situción, pero el pedido de quiebra profundiza su crisis institucional.
El gremio ATILRA solicitó la quiebra con continuidad productiva de SanCor ante la Justicia de Rafaela. El sindicato rechazó el plan de crisis de la cooperativa, alegando que es inviable y busca sostener los puestos de trabajo bajo control judicial.
La histórica compañía productora de papel atraviesa una compleja situación financiera, con pérdidas contables que superan los $172 mil millones, sus plantas paralizadas y en la búsqueda de un inversor que la salve de la quiebra técnica.
Buenos Aires
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El grupo automotriz Stellantis evalúa el cierre o la unificación de sus plantas argentinas en El Palomar y Córdoba. El encarecimiento laboral frente a Brasil, la caída de ventas y el avance importado chino amenazan 5.000 puestos de trabajo.
Tres personas fueron detenidas y se secuestraron estupefacientes durante un allanamiento de la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad en un boliche de Palermo, ubicado en Niceto Vega al 5500. Intervienen en la causa la UFEIDE y el Juzgado N° 31.
El femicidio de Lucía Pérez desató el primer Paro Nacional de Mujeres. Una década, dos juicios y cuatro fallos después, Casación le quitó esa figura de femicidio a la condena. Su madre, Marta Montero, vuelve a Tribunales a reclamar que la Justicia lo nombre.
Pagni contrapone la euforia de Milei por el triunfo de Bolsonaro con los tropiezos económicos de Caputo. La elección brasileña deja lecciones sociológicas sobre el desencanto social, el impacto de las condenas judiciales y la interna entre Massa y Kicillof.
Comienzan los alegatos de la fiscalía en el juicio por la muerte de Diego Maradona. En San Isidro, las acusaciones definirán si piden penas de prisión para los siete profesionales juzgados por homicidio simple con dolo eventual.
Maricarmen, de 87 años, murió pocas horas antes de firmar un contrato de alquiler por ocho años que le devolvía su casa. Su fallecimiento desató multitudinarias protestas en Madrid contra los desahucios y la especulación inmobiliaria.
