La administración Trump ordenó al Pentágono usar fuerza militar contra cárteles de drogas, calificados como terroristas. Esto cambia la lucha tradicionalmente policial a una intervención militar. La medida, la más agresiva hasta la fecha, plantea un dilema crucial sobre los límites de la intervención en el extranjero y sus implicaciones políticas y legales.
El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva que habilita al Pentágono para usar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga que su administración ha designado como organizaciones terroristas, de acuerdo con la cadena The New York Times. Esta decisión es el paso más agresivo que ha dado su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, y señala la voluntad de Trump de utilizar fuerzas armadas en lo que se considera principalmente una tarea policial, para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden, que proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero, ha llevado a los oficiales militares a explorar opciones sobre cómo perseguir a estos grupos. Sin embargo, la medida no está exenta de controversia. El despliegue de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, eleva preguntas sobre su legalidad y, en particular, si se consideraría “asesinato” que las fuerzas estadounidenses, actuando fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles o sospechosos que no representen una amenaza inminente.
Este año, la administración de Trump ya había desplegado la Guardia Nacional y tropas en la frontera suroeste, y había etiquetado a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Entre los grupos señalados se encuentran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel de los Soles, que, según el gobierno, es dirigido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De hecho, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha duplicado la recompensa por información que conduzca a su arresto, calificándolo como jefe de un cártel.
La directiva de Trump representa una escalada significativa en la guerra contra las drogas, al situar al ejército estadounidense en la primera línea de combate. Más allá de la estrategia, la medida nos obliga a preguntarnos: ¿Es la intervención militar la respuesta efectiva para un problema que tiene profundas raíces sociales y económicas? Y, a nivel internacional, ¿qué consecuencias podría tener esta nueva postura unilateral de Estados Unidos en su relación con otros países y en el equilibrio geopolítico de la región?
Un inversor, patrocinado por Juan Grabois, presentó un recurso para evitar el cierre de la investigación por la criptomoneda que promocionó el Presidente. Denuncian ignorar pruebas clave, ocultar operaciones millonarias con información privilegiada y exigen que se cite a declarar a todos los involucrados.
Funcionarios del Gobierno nacional ratificaron en la Cámara de Diputados la eliminación de 81.108 empleos estatales desde 2023, en el marco del debate por el Presupuesto 2027 para consolidar el plan de ajuste fiscal.
A minutos del cierre de los comicios, la asistencia a las urnas superó el 74%. El oficialismo, preocupado por la baja afluencia en sus bastiones, pidió extender el horario de votación, pero la autoridad electoral rechazó la solicitud.
José Luis Espert apeló ante la Cámara Federal de San Martín su procesamiento por presunto lavado de 200.000 dólares vinculados a Federico Machado. La presentación rechazó el fallo del juez Lino Mirabelli y exigió levantar un embargo de $1.000 millones.
El legislador negó que el excandidato presidencial haya huido a Estados Unidos, luego de que el juez Alexandre de Moraes le prohibiera salir de Brasil y retuviera sus pasaportes. El Gobierno argentino confirmó que no existen registros de su ingreso al país.
Bunge clausuró su planta química en Campana tras 50 años de actividad, debido a costos y obsolescencia técnica. La medida desvinculó a 110 trabajadores directos, mientras el gremio denuncia que el impacto total alcanzará a 200 personas.
No tiene nada de distinto: dos camisetas, como hace más de un siglo; 11 jugadores de cada lado; el país dividido, alentando; la pelota y los árbitros. Sin embargo, no hay nada tan parecido y, a la vez, tan distinto. Otro Boca-River, otra historia que, dentro de una semana, ya no será la misma.
Un aliado del senador confirmó a Reuters que viajó a Estados Unidos, dos días después de perder el balotaje. La Justicia le había prohibido salir del país y la Policía Federal canceló sus pasaportes. Investigan si pasó por la Argentina.
